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La integración urbana de la Ribera del Marco tendrá que esperar. Lleva dos décadas en lista de espera y los cacereños deberán armarse de paciencia para visualizar una intervención que para el PSOE era prioritaria tanto en anteriores gobiernos como en la oposición, pero que tampoco podrá concretar a corto plazo.
La declaración de impacto ambiental (DIA) cuya aprobación fue publicada en el BOE el 8 de diciembre de 2011 se ha dejado caducar sin que ninguna administración haya mediado para evitarlo. Se trataba de una intervención que eliminaba por completo aguas fecales y creaba un área de recreo en Puente Vadillo. Se renovaban acerados, se dotaba de un carril bici y se habilitaban paseos peatonales para potenciar actividades deportivas en la zona, según el proyecto promovido por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y que debía cofinanciar el Ayuntamiento.
Eran 6 millones de inversión, una primera partida del total de 50 que completarían la anhelada transformación de ese enclave. Cáceres ha dejado pasar la oportunidad. El corredor verde de la Ribera cacereña se anunció por primera vez como proyecto en ciernes en 200s. Sin embargo, ya antes, en 1999, el Ayuntamiento convocó un concurso de ideas para convertir la zona en un espacio de expansión y recreo que se integrase en el entorno urbano.
La DIA se aprobó en una resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático de fecha 18 de noviembre de 2011. Abordaba el proyecto la integración de la Ribera del Marco en la parte que comprendía el tramo entre Vadillo y Puente Nuevo, tras pasar la avenida de la Universidad. Se proyectó un cauce naturalizado con lecho natural, eliminación del hormigón, renovación de la red de saneamiento y un colector bajo la calzada de Ronda de Vadillo que tendría una extensión de casi un kilómetro.
Consultada la CHT sobre la vigencia de la declaración ambiental que se aprobó en 2011, el organismo de cuenca se limitó a remitirse a «lo previsto en el apartado tercero de su disposición transitoria primera», en alusión DIAs que estén vigentes a la entrada en vigor de la Ley 21/2013. Mucho más concreta es la respuesta del actual Ministerio de Transición Ecológica (antes Medio Ambiente). Según la citada ley, corrobora, «la DIA estaría vigente hasta diciembre de 2019». Es decir, caduca en cuestión de horas.
Lo llamativo es que la actuación en la Ribera era una prioridad del PSOE, muy crítico en su etapa en la oposición con las inversiones del PP en el parque del Príncipe y zonas en las que el voto, se apuntaba, era popular. La Ribera «es nuestro sueño», reseñó Luis Salaya en junio de 2019, nada más llegar a la Alcaldía. «Lo diseñaron Vito Roncero y Víctor Santiago con Carmen Heras. Es importante y mucho dinero. Avanzará despacio, pero para nosotros es una obra fundamental», confesó entonces.
Consultado el regidor sobre la inminente caducidad de la DIA, sugiere que cualquier idea «será más a largo plazo que a corto». Y lo explica: «Por una cuestión de dinero». «Quiero actuar con fondos europeos en la Ribera del Marco y con programas que acerquen a la ciudad allí. No se generará una gran infraestructura para vendérsela a la ciudadanía sino que será la ciudadanía la que se acerque a la Ribera al recuperar los usos tradicionales, huertos, trabajos con colegios, Universidad Popular...», concluye. La actuación en esa primera fase, ya lejana, incluía una partida de seis millones de los que un 25 por ciento (1,5 millones) correspondían al Ayuntamiento y el resto al Estado.
Reseña la CHT que parte del encauzamiento figura en el proyecto de la nueva depuradora. También está pendiente desde hace años.
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