La cárcel vieja de Cáceres, un silencio de tres lustros

El recinto, que pertenece al Gobierno de España, fue clausurado como cárcel en 1996, pero hasta mediados del año 2000 no la abandonaron los últimos internos. A partir de esos momentos se convirtió en una sección abierta para reclusos en tercer grado penitenciario y en 2006 se transformó en un Centro de Inserción Social. Su cierre definitivo se produjo en el año 2009, por lo que se han cumplido tres lustros. El edificio permanece desde entonces sin uso y se ha convertido en una eterna reivindicación de Acemeca. Tal y como señala José Hinojosa, doctor en Historia y responsable de esta asociación tratan, en primer lugar de que «se detenga el deterioro» y por otro lado que se habilite un centro cívico de memoria. «En Portugal ya hay un centro, la fortaleza de Peniche, que es un museo», pone como ejemplo. Ayer, integrantes de la Unión de Resistentes anti-fascistas de Portugal, que fueron los que impulsaron este museo, también participaron en el acto de Amececa en el que dos hombres que estuvieron presos en este centro penitenciario inauguraron la plaza de la memoria.

La cárcel abrió sus puertas al inicio de la Guerra Civil, en 1936. Según explica el cronista de la ciudad, Fernando Jiménez Berrocal, fue en 1927 cuando el Ayuntamiento aprueba la moción del concejal Antonio Canales para solicitar al Estado una nueva prisión provincial que sustituya al viejo correccional de la Audiencia, pero no sería hasta el advenimiento de la II República, en 1931, cuando se van a dar los pasos «precisos y decisivos» para concluir la petición del regidor. Al poco tiempo de tomar posesión, Canales, ya como alcalde ya se había reunido en Madrid con la diputada Victoria Kent, a la que facilita los informes que respaldan la creación de la nueva prisión al mismo tiempo que el Ayuntamiento activa un plan, exigido por el Ministerio de Justicia, para contar con el apoyo económico tanto de la Diputación Provincial como de los pueblos de la provincia, que deben pagar 0´25 céntimos. por habitante para sufragar parte de la construcción del nuevo presidio.

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En el inicio de la guerra empieza a apresarse allí personas que las nuevas autoridades golpistas consideraron como enemigos, según el artículo que Hinojosa tiene publicado en el Observatorio Europeo de la Memoria dentro del apartado 'Patrimonios incómodos', en donde explica el proyecto de Amececa para la prisión de Cáceres. Antes del 1 de abril de 1939 fueron asesinados por un piquete militar franquista 338 presos políticos, uno de ellos el propio alcalde socialista. Aunque después de la guerra la población reclusa se redujo y los presos políticos supervivientes abandonaron este recinto, en los años 40 ingresaron nuevos presos políticos pertenecientes a la guerrilla antifranquista en la provincia de Cáceres, principalmente «enlaces». A comienzos de los 60 más de 200 presos antifranquistas se encontraban retenidos en este centro, lo que muestra que la prisión provincial de Cáceres «se convirtió en no pocas ocasiones en una cárcel de naturaleza represiva».

El cierre de la cárcel, un espacio de 12.000 metros cuadrados, generó un intenso debate en la calles sobre sus posibles usos, como detalla Hinojosa. En 1992 la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Cáceres y el Ministerio de Justicia contemplaba la demolición del edificio, lo que permitiría dedicar este espacio a viviendas. Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado a finales de diciembre de 2006 recogió que la futura utilización como «equipamiento cultural» de la cárcel vieja mientras que el Plan General Municipal de la ciudad de 2010 se consideró a este inmueble como un bien protegido de carácter estructural.

Las propuestas llegaron tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil, entre ellas un espacio de la creación joven, un palacio de la música y las ciencias, un centro de arte joven, una residencia para los mayores, un instituto, una escuela taller o un supermercado. La aprobación del nuevo PGM cambió las tornas, ya que la declaración de bien protegido fue una de las causas de que este asunto perdiese interés público y mediático. En tanto no cesan las quejas vecinales por el mal estado del edificio.

La llegada de un gobierno municipal socialista (encabezado por Luis Salaya) al Ayuntamiento en mayo de 2019 y la entrada en vigor en junio de ese año de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura que debería aplicar el gobierno regional del PSOE fueron contempladas por Amececa «como una nueva posibilidad para que su propuesta tuviera mayor repercusión entre estas dos instituciones». Pero, según reconocen, y teniendo el cuenta el azote de la covid, «estas dos administraciones apenas mostraron preocupación por este asunto». Ni el Ayuntamiento ni tampoco la Junta de Extremadura respaldaron de forma decidida sus propósitos. Señalan, por ejemplo, que en septiembre de 2017 se solicitó a la Consejería de Cultura que la cárcel fuera reconocida como BIC (Bien de Interés Cultural) y que tardó dos años en responder que esa competencia era del Ministerio de Cultura.

En 2021 subieron al portal Change.org la petición de que el edificio de la prisión edificio de la antigua Prisión Provincial de Cáceres se convierta en un «espacio de memoria relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz» y ya llevan más de 8.500 firmas recopiladas algo más de 200 apoyos a esta propuesta recogidos entre personas de cierta relevancia artística, cultural, social, de la comunidad autónoma y de todo el país. Retomarán la campaña para seguir reclamando que este resto de la memoria de la historia contemporánea.