Carlos Carlos: «Jamás se ha vinculado la retirada de cruces a la concesión de subvenciones»

María José Torrejón

Cáceres

Viernes, 13 de mayo 2022, 12:44 | Actualizado 13:37h.

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Carlos Carlos, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, ha sido rotundo en su respuesta. «Jamás se ha vinculado la retirada de cruces a la concesión de subvenciones", ha defendido este viernes después de que la Audiencia Provincial haya reabierto el caso contra él por la eliminación de vestigios franquistas y haya pedido declarar como testigos a cinco alcaldes de la provincia, entre ellos Luis Salaya (primer edil cacereño), para que digan si han recibido presiones de la institución. "No me preocupa en absoluto; estoy más que tranquilo. La Diputación ha actuado correctamente. No se ha quebrantado la ley jamás. Todo se hace con transparencia», ha apostillado.

Hay que recordar que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha estimado un recurso de la Fundación Española de Abogados Cristianos en el que se oponía al archivo de la denuncia por prevaricación contra el presidente de la Diputación, Carlos Carlos Rodríguez, por la retirada de cruces de los caídos en la provincia. En un auto con fecha de 6 de mayo la Audiencia, además de reabrir el caso, pide al juzgado de instrucción que tome declaración como testigos a cinco alcaldes de la provincia para saber si han recibido presiones, entre ellos el de Cáceres, Luis Salaya. Los otros son los de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado, poblaciones todas ellas a las que la Diputación habría pedido la retirada de cruces franquistas.

Carlos Carlos ha señalado que era conocedor de la decisión de la Audiencia y que, de momento, desconoce la fecha en la que tendrán que declarar los alcaldes citados. «No seré yo el que ponga el foco mediático en este asunto. Me lo he tomado con calma y tranquilidad», ha apostillado.

Abogados Cristianos acusa al presidente de la Diputación de un delito de prevaricación con la agravante de discriminación y otro delito de odio, por condicionar determinadas ayudas a la retirada de las cruces. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres abrió diligencias y después archivó la denuncia en febrero de este año con el argumento de que «no se aprecia de la documentación remitida por la Diputación de Cáceres la existencia de actuación alguna por parte del investigado [Carlos Carlos] tendente a vincular la conexión de subvenciones a la retirada de las cruces existentes en los respectivos municipios».

También indicaba el juez que el comité de expertos al que la Diputación encargó elaborar el catálogo de vestigios franquistas de la provincia dirigió diversos escritos a los municipios en los que «respeta la competencia que la respectiva corporación local tiene para elaborar el catálogo de vestigios franquistas y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, incidiendo en el carácter meramente consultivo que tiene el comité».

Sin embargo, la Audiencia Provincial revoca ahora esa resolución y acepta el recurso de Abogados Cristianos, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, al considerar necesario que se tome declaración a cinco alcaldes a los que consta que se han remitido escritos relativos la retirada de las cruces, entre ellos Luis Salaya.

La Audiencia indica en su auto que el comité de expertos «toma claro partido a favor de la supresión de los símbolos incluidos en dicho catálogo, elogiando al respectivo ayuntamiento cuando actúa conforme a sus indicaciones y efectuando propuestas concretas». Matiza además que no es materia penal analizar si esas recomendaciones son conforme a derecho, pero que sí podría ser constitutivo de delito el hecho de que la Diputación obligue a la eliminación de los símbolos franquistas «condicionando la economía de los ayuntamientos, vinculando al cumplimiento de las 'propuestas' de la comisión la percepción de determinadas ayudas económicas».

El auto concluye que, dado que «en buena lógica no es previsible la torpeza de dejar constancia escrita de una conducta delictiva, se debe tomar declaración como testigos a varios dirigentes políticos de la provincia »que serían supuestos destinatarios de esas presiones«. Será después cuando, según la Audiencia, se podrá decidir «si existen indicios que justifiquen la toma de declaración en calidad de investigados de las personas que se hayan revelado responsables de tales acciones», o por el contrario archivar definitivamente las diligencias si esos indicios se descartan.