Casa Pereros amplía sus plazas hoteleras en Cáceres y pasa de 84 a 105

El grupo Asoma, empresa que explota el edificio propiedad de la Diputación Provincial, está satisfecho con la acogida. «Para nosotros era un año de rodaje», admite, y da por buena la ocupación lograda hasta al momento. El pasado sábado, durante el puente del 15 de agosto, se alcanzó el 50 por ciento.

La empresa confía que los datos de los próximos veranos sean mejores, ya que las reservas se podrán hacer con más anticipación. El establecimiento ha ampliado, además, el número de plazas concedidas inicialmente. De las 84 autorizadas en un principio ha pasado a disponer de 105.

El público familiar, señala Asoma, se ha convertido en su principal cliente. Pereros funcionará como hotel hasta el día 3 de septiembre. A partir del día 9 comenzará a operar como colegio mayor hasta junio de 2024. Su nuevo uso hotelero, que solo será efectivo durante los meses de verano, ha posibilitado mantener la plantilla habitual del colegio y crear cuatro empleos temporales durante los meses estivales.

Alojarse en una de sus habitaciones dobles cuesta 95 euros al día. El precio incluye el desayuno y los clientes tienen acceso al gimnasio y a la sala de juegos con los que cuenta el edificio.

La firma solicitó a la Junta de Extremadura permiso para funcionar como hotel de dos estrellas durante el periodo en el que los estudiantes universitarios a los que aloja durante el curso se van de vacaciones en verano. Desde la Dirección General de Turismo dieron el visto bueno a la propuesta.

Casa Pereros, un edificio palaciego levantado en el siglo XV y ampliado en el XVI en pleno corazón monumental, reabrió como colegio mayor en septiembre de 2022 tras un periodo de reforma integral que arrancó en 2018 y en el que la institución provincial invirtió cuatro millones de euros en su puesta a punto. El edificio permanecía sin uso desde 2014, fecha hasta la que funcionó como colegio mayor Francisco de Sande.

El nuevo uso de Casa Pereros para los meses de verano no ha gustado a parte del sector turístico de la ciudad, que considera que es una «competencia desleal» al tratarse de unas instalaciones que dependen de una institución pública.