El Ayuntamiento y la Junta anunciaron el pasado mes de septiembre una colaboración conjunta para impulsar alquileres sociales para jóvenes y favorecer así su ... emancipación. La administración regional pedía la colaboración de los municipios con la cesión de suelo y en contrapartida la Consejería de Movilidad aportaba hasta 50.000 euros por vivienda, tal y como avanzó la titular de área, Leire Iglesias. La idea era crear un parque municipal de viviendas en alquiler, que, según recordó el alcalde, Luis Salaya, es además una de las propuestas de Unidas Podemos para apoyar los presupuestos.
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El proyecto echó a andar y se avanzó que se construirían 60 viviendas en alquiler en terrenos municipales en Casa Plata-Maltravieso. El problema es que los residentes en esa zona del sur de la ciudad no están de acuerdo. O al menos varios de ellos, hasta una decena, con el colectivo que representa a esa barriada al frente. La asociación vecinal ha presentado alegaciones y pide que se anule el procedimiento.
Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el 21 de noviembre, del anuncio en el proceso de información pública, en el Consistorio han entrado esas alegaciones. Se fijan en que la cesión de unos solares públicos supone usar un bien «perteneciente a todos los vecinos de Cáceres para un destino que no es el acordado en el planeamiento» urbanístico. Mantienen los vecinos que no solo no supone un beneficio sino «una pérdida de patrimonio», ya que no se toma en cuenta el auténtico valor de la zona, en expansión y con varias dotaciones comerciales y de servicios en marcha, sino que «se trataría de viviendas construidas según los parámetros de las viviendas protegidas y además usadas». Su valor real, defienden, nunca será el de la vivienda libre.
El escrito presentado cuenta con la participación de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Casa Plata-Maltravieso, Rosa Palomino. Incide en que la elección de esos terrenos no ha sido motivada «sino discrecional y arbitraria». Argumenta que no existe un expediente administrativo previo que justifique la selección de dicho suelo para su cesión a la Junta de Extremadura. Por todo ello, el colectivo reclama al equipo de Gobierno «que se declare la nulidad de la cesión administrativa» al no haberse seguido el procedimiento.
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El BOP recogía en noviembre la cesión de tres parcelas a la Junta «para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente sostenibles», según el Real Decreto 853/2021. La resolución de Alcaldía que respaldaba el proceso abierto justificaba el fin social que se persigue con esta iniciativa y que debe redundar «de manera evidente y positiva» en favor de los vecinos.
La cesión afecta a unos terrenos entre las calles Cueva de Santa Ana y Cueva de Altamira. Una parcela de 1.166 metros cuadrados se valora en 1,2 millones. Otra de 466 metros se tasa en 214.000 euros. La tercera, de 1.400 metros cuadrados, se estima en 1,58 millones.
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Primero la Comisión de Desarrollo Urbano, este jueves, y posteriormente el pleno deberán responder a las alegaciones presentadas. La resolución queda en manos de los grupos y concejales no adscritos, pero de momento los informes técnicos son contundentes.
El uso del suelo es viable desde el punto de vista urbanístico, según el jefe de Planeamiento. La directora de la Oficina de Desarrollo Urbano concluye que se realiza una función social recogida en la Ley y además el suelo revierte al Consistorio finalizado el plazo de cesión. El Ayuntamiento ha elegido «las parcelas adecuadas» entre las opciones que tenía, se aclara. Según dichos informes, no hay motivos para atender la reclamación.
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