Cinco alcaldes niegan ante el juez que recibieran presiones para quitar cruces de los caídos

Antes de las nueve de la mañana de ayer, el alcalde de Cáceres Luis Salaya entró en el Palacio de Justicia; pero no lo hizo por la puerta principal en donde había siete personas con pancartas de 'La Cruz no se toca', periodistas y cámaras de distintos medios de comunicación y unos diez policías. Lo hizo por una puerta que no utiliza el público normalmente. Luis Salaya fue uno de los cinco alcaldes de la provincia, que han prestado declaración como testigos en el Juzgado número 3 de Cáceres, en donde se investiga si el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, pudo cometer los delitos de prevaricación y odio, ya que la Fundación Española Abogados Cristianos ha denunciado que presionó a estos alcaldes, asegurándoles que no recibirían subvenciones si no quitaban en sus municipios las cruces que se habían puesto en la época de la dictadura de Franco.

Los cinco alcaldes, todos ellos socialistas, negaron que Carlos Carlos les hubiera presionado de alguna manera. Después de declarar Luis Salaya, lo hizo la alcaldesa de Gargüera, Feliciana Muñoz; la alcaldesa de Brozas, Milagrosa Hurtado; la alcaldesa de Talaveruela de la Vera, María Belén Blanco; y el alcalde de Barrado, Jaime Díaz.

Horas después, en una rueda de prensa, al preguntarle los periodistas por su declaración, Salaya, dijo que lo único que pretendía la acusación llamándoles a declarar, era conseguir una foto de él y los otros alcaldes entrando en el juzgado para hacerles parecer culpables.

En el mes de marzo de 2021 Abogados Cristianos puso la denuncia y el Juzgado número 3 de Cáceres la archivó el pasado mes de febrero. El mismo juzgado ha tenido que volver a reabrir el caso y seguir la investigación, al así señalarlo un órgano jurídico superior, la Audiencia Provincial de Cáceres en donde habían presentado un recurso Abogados Cristianos. La Audiencia dijo que no se puede archivar el caso sin antes tomar declaración a los alcaldes.

El letrado José María Fernández, de Abogados Cristianos, asegura que hay pruebas suficientes para acusar al presidente de la Diputación de Cáceres. «Desde la Diputación –afirma–, se ha obligado a los alcaldes, primero a catalogar cruces como vestigios franquistas, y después a derribarlas. Hay bandos municipales diciendo que se veían obligados a derribar la cruz de su pueblo para recibir subvenciones. Aseguraban que desde la Diputación se les estaba obligando». Indica que en los cinco pueblos en los que sus alcaldes han testificado, las cruces fueron resignificadas, «es decir -insiste-, que perdieron su anterior significado de exaltación de uno de los bandos y pasaron a ser simples cruces, como la de Cáceres que ahora tiene una inscripción totalmente democrática e incluso tiene un escudo de España que es el constitucional».

Abogados Cristianos afirma que apoyan su denuncia en una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de octubre de 2019, que decidió que es totalmente ilegal vincular la concesión de subvenciones al derribo de cruces.