La guerra de los informes

Rafael Mateos ha salido esta semana en defensa de esa decisión del gobierno socialista de una manera sorprendente y un tanto contradictoria. Enfadado como pocas veces se le ve en público, el alcalde rebajó el informe de los técnicos de urbanismo diciendo que ni siquiera era un informe, sino una suerte de consulta previa para elaborar el documento final que se enviaría a la Junta. Además, aseguró que había a su vez otro –este sí–, informe, donde el jefe jurídico de Urbanismo decía que los funcionarios se habían extramilitado e introducido consideraciones personales que no venían a cuento. Acto seguido, Mateos advirtió muy airado de que no iba a permitir a nadie faltar al respeto al trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento, en referencia a los ataques sufridos por la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano, cuando él mismo estaba dando a entender que funcionarios municipales actuaron de manera sesgada y poco profesional en un asunto de la máxima importancia para la ciudad, lo cual sería gravísimo si fuera cierto. Además, lo que esos funcionarios habían elaborado e hizo público Unidas Podemos sí tenía el aspecto de un informe al uso tanto en la forma como en el fondo, mientras que el escrito que sirvió para descartarlo, al menos lo que el gabinete de prensa del Ayuntamiento envió a los medios como prueba, era una simple captura de pantalla de una anotación de la jefatura de Urbanismo en la intranet municipal donde se hablaba de «imprecisiones y juicios subjetivos», pero sin argumentar por qué se llegaba a esa conclusión.

Mientras tanto el PSOE, que era el partido en el gobierno cuando ocurrió todo, sale casi sin desgaste de esta guerra de los informes. Mateos les ha hecho el trabajo sucio dando unas explicaciones que les correspondía dar a ellos, ya que el único informe urbanístico de la mina durante el actual mandato del PP, que declaraba la no incompatibilidad con el PGM, sí se hizo público en su momento, en noviembre del año pasado. Así que a los socialistas les ha bastado con publicar una nota de prensa donde repiten los argumentos dados por el alcalde para salir del paso.

Hay que tener en cuenta además que todos estos informes ni siquiera se basan en el proyecto definitivo de la mina, que la empresa no registró en la Junta hasta el pasado junio, y por lo tanto su relevancia es limitada. A la plataforma Salvemos la Montaña, que tenía derecho a conocerlo como parte interesada, se lo han enviado con casi mitad de las páginas tapadas porque la empresa dice que contiene información confidencial. Cuando ese proyecto, junto con el estudio ambiental, salga a información pública se volverá a poner a prueba la tan mencionada como poco practicada hasta ahora transparencia del procedimiento.