El Consistorio cacereño reserva medio millón para regularizar contadores de pisos sociales

Acuerdo cerrado entre el PSOE y Unidas Podemos para aprobar el presupuesto de 2021. La política social es uno de los ejes del pacto, que quedó sellado a finales de la semana pasada y que permitirá junto con el voto del concejal no adscrito Teófilo Amores que prosperen las cuentas municipales que ha elaborado el equipo de Gobierno para el actual ejercicio. El borrador previsto incluye una partida que no estaba en el presupuesto en vigor y que contempla intervenciones en mejoras concretas en viviendas sociales por valor de medio millón de euros. El pacto de estabilidad se prolongará hasta 2023 y se irá revisando.

El epígrafe del anteproyecto denominado 'Vivienda. Contadores, Aldea Moret' pasa de cero euros a los citados 500.000 en 2021. Se quiere poner así fin a un problema histórico, con la regularización de contadores que hasta ahora no están individualizados y sobre los que se suspendieron los cortes de agua en caso de impago. En la actualidad, «el Ayuntamiento está asumiendo el gasto de los pisos que no están ocupados. De los que es responsable los paga puntualmente», informó a este respecto el Consistorio. «No se puede cortar el suministro de agua a ninguna familia», concluye. En este sentido, el actual Ejecutivo local mantiene en vigor una medida que ya aplicó el anterior en febrero de 2019 al suspender las órdenes de corte de suministro en sus viviendas sociales. Esa medida afectaba a cuatro bloques de la barriada de Aldea Moret sin contadores individuales.

Fue una propuesta que partió del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). Algunos inquilinos de bloques sociales habían llegado a acusar al Ayuntamiento de ser su principal moroso por no pagar los recibos de aquellas viviendas que se encuentran vacías. La medida de suspender los cortes se apoyó en una iniciativa de la gerencia del IMAS, aunque un informe jurídico de la Secretaría General resaltó que el Ayuntamiento no podía desatender la solicitud de la empresa concesionaria de ejecutar los cortes si se producía un impago de tarifas, ya que esta es una acción «coercitiva» que pretende garantizar el cobro de la deuda.

En cualquier caso, lo que hará el actual Gobierno de Luis Salaya y con una base en el presupuesto de 2021 es proceder a instalar contadores individuales. El impago en bloques con un contador general, garantiza el Ayuntamiento, «se solucionará cuando cada uno tenga su contador, actuación que se empezará –remarca– en cuanto se apruebe el presupuesto de 2021». Además, se añade que aquellas familias que tengan dificultades de pago también contarán con cobertura, ya que podrán «acudir a los servicios sociales».

La materia social, incidió ayer la portavoz municipal de Unidas Podemos, Consolación López, es una de las bases del acuerdo de presupuesto cerrado. «Hemos incidido en ella porque la consideramos básica. También pedimos mayor dotación del IMAS y crédito abierto para las ayudas de emergencia social, y el Gobierno lo ha asumido», resalta. UP tiene previsto dar a conocer mañana en rueda de prensa los detalles del acuerdo de presupuesto, aunque lo hará en solitario, sin foto con el PSOE.

viviendas sociales tiene en alquiler en la actualidad el Ayuntamiento, según la cifra facilitada desde el área de Economía en el transcurso de las conversaciones para el pacto de las últimas semanas.