Declara ante el juez el investigado por la presunta estafa del viaje del instituto cacereño Al-Qázeres

En el auto de mayo la jueza aceptaba, además, el recurso de reforma interpuesto por 57 familias de alumnos contra el archivo inicial de la demanda. Esta primera decisión, tomada en abril por otra jueza, fue revocada y quedó sin efecto, por lo que el caso dio un giro de 180 grados.

Tal y como se ha publicado, la jueza María Cobas Merino decretó en un primer momento el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al considerar que se había producido un simple «incumplimiento contractual» que no encajaba en la definición penal de estafa para la cual, entendía, debía existir dolo. Indicaba a los demandantes, además, que debían buscar la resolución de este caso por la vía civil.

Pero esta decisión no gustó a los afectados, que entregaron por adelantado 40.000 euros al titular de la agencia sin haber conseguido su devolución. Así que el abogado que representa al colectivo de las familias, Antonio Gil, presentó contra este auto de sobreseimiento un recurso de reforma ante el mismo juzgado, que fue aceptado un mes después.

En este nuevo auto, dictado tras la presentación del recurso, la magistrada señaló que debían acogerse favorablemente las alegaciones del escrito de recurso y que se ponía de manifiesto la necesidad de revocar la resolución impugnada.

«En su declaración no ha dado una explicación convincente del destino del dinero», comentó este martes a este diario el letrado de las familias sobre el titular de la agencia. El investigado, añadió, mantuvo que lo ocurrido se debía a una mala gestión. En unas declaraciones realizadas el pasado mes de febrero a este diario, el titular de la agencia de viajes achacó lo acontecido a una «negligencia profesional». Detalló que había habido «un error a la hora de tramitar los vuelos». Y mostró su intención en todo momento de devolver el dinero adelantado por las familias. Cada alumno pagó 645 euros por el viaje, que incluía cuatro noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.

Tras la declaración de este martes, las familias solicitarán la apertura de diligencias de pruebas encaminadas a demostrar que la intención del investigado era apoderarse del dinero.

En su auto, la jueza Javato Ollero recogía que «efectivamente, como se indica por la representación procesal de los denunciantes, ha sido producido un engaño precedente, concurrente y suficiente para provocar el acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, pues el denunciado, aprovechándose de la confianza generada al IES Al-Qázeres por la previa organización de otros viajes de fin de curso con la intermediación de dicho centro educativo ofertó, de manera engañosa, un inexistente viaje de fin de curso a Ámsterdam para un grupo de 60 alumnos», describía.

Estaba previsto que los chavales iniciaran su excursión el 7 de febrero. Pero apenas cinco días antes la agencia comunicó a las familias que había habido un problema y el viaje no se podía realizar. Los afectados reclamaron entonces la devolución del dinero, pero según su abogado defensor solo recibieron evasivas hasta que el titular de la agencia dejó de responder a los mensajes y llamadas. La agencia, que estaba situada en un local de Cabezarrubia, cerró poco tiempo después. En el local que ocupaba ha abierto ya otro negocio distinto que no guarda relación alguna con la agencia.

El caso se judicializó en el mes de marzo, cuando las familias afectadas denunciaron al dueño de la agencia por un delito de estafa continuada. En la demanda reclamaban además de la devolución de los 40.000 euros una indemnización por daños morales, dada la desilusión sufrida por los alumnos.