La demora en los permisos de acceso al casco viejo de Cáceres genera una oleada de multas

Sus permisos temporales para circular por un área restringida a los vehículos y controlada por cámaras han expirado. Pero ya habían solicitado un nuevo permiso, de acuerdo a la nueva ordenanza, que entró en vigor en mayo de 2023. Y ahí es donde, al parecer, reside el problema. Porque estos permisos no han sido resueltos aún por el Consistorio.

«Esta situación visibiliza que la implantación de la zona de bajas emisiones está saliendo muy cara a los residentes por la chapuza del Ayuntamiento en la gestión de la implantación de la nueva ordenanza. Hacen la ordenanza pero la Policía no tiene las herramientas para actualizar los datos», señala Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación vecinal Ciudad Monumental. «Entre los vecinos existe una confusión importante», agrega.

Para entender la problemática de las multas hay que retrotraerse al 16 de marzo de 2023. Ese día, en la recta final de la legislatura de Luis Salaya, obtuvo la aprobación definitiva en pleno la nueva ordenanza municipal reguladora del sistema de accesos de vehículos al centro histórico de Cáceres mediante el control por cámaras, que derogaba a la anterior. La normativa entró en vigor el 17 de mayo de 2023.

Entre las novedades que recoge es que la zona restringida a la circulación se extiende a 24 nuevas vías. Para ello, se instalaron dos nuevas cámaras, una en la calle San Antón y otra en San Ildefonso. La modificación de normativa se justificó por la aplicación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que imponía a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la obligación de tener zonas de bajas emisiones.

Todos los residentes del área afectada por la ordenanza debían solicitar un nuevo permiso de acceso. Esta autorización la tenían que cursar tanto los residentes que ya contaban con permisos antiguos como los vecinos de las nuevas zonas restringidas, como Clavellina, Parras o Fuente Nueva.

La primera fecha que se dio para la activación de las nuevas cámaras fue el 1 de junio. Más tarde, en octubre, el nuevo equipo de Gobierno anunció que se pondrían en marcha una vez que finalizaran las obras de plataforma única de San Antón y Parras, que terminaron el 15 de noviembre. El Consistorio instó a los residentes afectados a tramitar las solicitudes para poder entrar con sus coches al recinto sin ser multados.

Los vecinos no tardaron en mostrar su inquietud al no haber recibido respuesta tras tramitar más de 400 solicitudes de acceso. Entonces, el Ayuntamiento dio un nuevo golpe de timón y anunció que las nuevas cámaras no se activarían hasta que se resolvieran todos estos permisos. «La gente está que trina. Nos dijeron que estuviéramos tranquilos», ilustra el presidente vecinal.

Hay que precisar que las multas que están recibiendo los vecinos no son por las nuevas cámaras, sino por las que ya estaban en funcionamiento con la anterior ordenanza. Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que de momento no ha dado más información. Tampoco ha anunciado cuándo se resolverán los permisos.