Denuncian que el Gobierno central no permite el acceso a los expedientes de la represión franquista en Cáceres

«Miles de personas (la mayoría vecinas de localidades de la provincia de Cáceres, si bien hay un número procedente de poblaciones de la provincia de Badajoz e igualmente es destacable quienes proceden de otras provincias) permanecieron encarceladas en la antigua Prisión Provincial de Cáceres y en la «Cárcel Vieja» durante la guerra civil y la dictadura», reseña Amececa. Esa represión se activó como respuesta a los «ideales democráticos» de esas personas. Cada una de ellas tenía su expediente carcelario con aspectos relativos a su paso por la prisión cacereña u otras. Es, por tanto, una documentación «muy valiosa, ya que además de ofrecer información sobre la vida carcelaria de la persona presa abre la posibilidad de localizar otra documentación en otros archivos históricos (por ejemplo, los sumarios de los «consejos de guerra»)», refrenda Amececa.

Estos expedientes se encuentran repartidos entre el Archivo Histórico Provincial de Cáceres y el Centro Penitenciario de Cáceres y se solicita acceso a los mismos desde hace diez años, desde marzo de 2015. Así se ha planteado a Interior, pero sin éxito hasta el momento.

«En enero del año pasado nos dirigimos nuevamente al ministro del Interior para que se agilizara este proceso. Un mes más tarde recibimos una respuesta que parecía atender a nuestra solicitud, pues se nos indicaba la transferencia al Archivo Histórico Provincial de Cáceres «podría producirse en fecha próxima». Sin embargo, pasaron los meses y la transferencia no se produjo», reconoce Hinojosa. Hubo una nueva solicitud en septiembre, pero no ha tenido respuesta.

Para Amececa son «situaciones verdaderamente sorprendentes para los familiares de aquellas personas que estuvieron presas». Se da el caso de que los familiares tiene acceso a los expedientes cuyos apellidos están entre las letras A y G, que pueden consultarlos en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. No es el caso de quienes tienen un apellido que comience por la letra H o siguientes, una «situación esperpéntica» para Amececa, que alude a que «la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan (…) un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia», tal y como se recoge en el preámbulo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

«Diez años ha sido un tiempo de espera suficientemente amplio y por ello exigimos al ministro del Interior la transferencia inmediata» de esa información, concluye el colectivo.