Denuncian nuevas ocupaciones ilegales de viviendas municipales en Aldea Moret, en Cáceres

Las imágenes con restos de deposiciones ya se han producido, pero con todo lo repulsivo que ello parezca, ese parece el menor de los problemas en el edificio. Las ocupaciones han vuelto a un inmueble que ya ha sido noticia por ello en otras ocasiones y en el que el Ayuntamiento ha debido tapiar varias de sus viviendas sociales. La semana pasada tuvieron que intervenir la Policía Nacional y la Local, según el relato de los residentes, aunque no pudieron evitar otra ocupación ilegal, esta vez en uno de los bajos.

«Llevo 36 años aquí, pero lo que estamos viviendo ahora es duro. No me voy porque aún estoy pagando el piso y no puedo irme a otro sitio. Tener que convivir con personas que ocupan las viviendas de forma ilegal y que se les permita es terrible», cuenta una vecina que prefiere mantener el anonimato para evitar posibles represalias. A pocos metros de su piso está uno de los bajos en los que hace solo unos días se escucharon ruidos cuando una pareja abrió la puerta como si tal cosa y se instaló en él. «Llamamos y vinieron los policías, pero nos dijeron que no podían hacer nada, que no los podían echar. Se quedaron allí los okupas como si tal cosa», relata otra residente, que vive en una de las plantas de más arriba. Son cuatro, aunque también hay otra en el bajo en la que dos de los pisos colindantes ya cuentan con inquilinos que no son legales. Uno de ellos tiene menores a su cargo, una situación que agrava el problema con la venta de droga en ese bloque que también se produce, según los afectados.

«Cuando se ve una bolsa en la entrada es que la gente puede acudir a pillar», señala indignada una mujer que dice que paga religiosamente su comunidad, aunque eso suponga tener que costear gastos ajenos como los de esas personas okupas.

Son 40 euros de cuota, pero ni siquiera tienen ascensor y varias zonas comunes sufren daños, como el banco situado en el patio central, en el que se han producido algunos incidentes. Las recomendaciones particulares a los que viven allí se detallan en otra circular: sobre la basura, la limpieza, los animales, el ruido... Una pintada de tintes xenófobos y color negro sigue sin borrar: «Moro, hijo de puta». En la fachada ya casi no se ve parte del letrero de esta promoción pública del Ayuntamiento en los años 80.

«El problema es que esto se permite. ¿Si son ilegales por qué no los echan? Este verano ya lo denunciamos y entonces la Policía sí los echó. Un agente dijo: 'o salís o entramos nosotros'. Entonces se fueron, pero ahora no. Esto se agrava», lamenta una residente mientras se observa en el patio la imagen de los pisos con sus entradas tapiadas precisamente para evitar la llegada de ilegales. «Le he mandado un mensaje por wasap al alcalde, pero no me ha respondido», añade.

Desde el Ayuntamiento se indica que no están de brazos cruzados. De hecho, este problema ahora se visualiza en el bloque dos pero hay más.

En la Junta de Gobierno se acaba de analizar el caso del bloque B de Río Ródano. También se constatan ocupaciones en la tercera planta de ese edificio, por lo que el Ejecutivo municipal ha optado por emprender acciones legales.

La decisión está tomada. Contrasta con la visión vecinal, de parálisis y falta de soluciones. Un informe del IMAS en 2019 ya asumía el elevado número de ocupaciones en Aldea Moret. Según los cálculos que se hicieron entonces, recuperar 39 viviendas tenía un coste de casi un millón de euros.