La deuda de Upan supera los cuatro millones y acumula pérdidas desde 2019

En concreto, las deudas reconocidas en el procedimiento concursal ascendían a 4.231.803 euros. Es la cifra que figura en el informe provisional, en el que también se detalla que el pasivo afectaba a entidades bancarias, trabajadores y acreedores públicos, entre otros.

Hay que recordar que fue el 1 de septiembre de 2023 cuando el juzgado dictó el auto de declaración de concurso de acreedores de esta empresa que, a finales de julio, entró en liquidación.

Asimismo, llevaba declarando pérdidas económicas desde al menos 2019. Ese año ascendieron a 50.000 euros, aunque se fueron incrementando en los ejercicios posteriores hasta los 623.000 en el año 2022.

Como ya ha adelantado HOY, esta situación ha provocado el cierre de la panificadora, que justifica su cese por la baja rentabilidad, la subida de precio de las materias primas como la harina, el incremento del coste energético y los cambios en los hábitos de consumo.

Se trata de una compañía que llegó a tener 160 trabajadores. Ahora quedaban 90 que están a la espera de recibir las cartas de despido cuando se firme el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

El administrador concursal ya está manteniendo reuniones con los delegados sindicales. Este jueves fue una de ellas para intentar llegar a un acuerdo del ERE y está previsto que se vuelvan a reunir la próxima semana.

Asimismo, los empleados de la panificadora cacereña asistieron el miércoles a una asamblea de trabajadores para ser informados de la situación. El encuentro fue en las instalaciones de la propia fábrica y a puerta cerrada. Allí, en corrillos, ya se hablaba de las indemnizaciones que recibirán.

Todo apunta a que serán de 20 días de salario por año trabajado y doce mensualidades (lo mínimo fijado por la ley) al tratarse de un despido por causas objetivas en el que se justifican razones económicas, productivas, y técnicas.

En total, según fuentes consultadas por HOY, las indemnizaciones del conjunto de los trabajadores ascienden al millón de euros, por lo que es muy probable que la empresa no pueda hacer frente a esa cantidad económica y los empleados tengan que acudir al Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial adscrito al Ministerio de Trabajo que, precisamente, tiene como misión abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios.

A las causas económicas, se suman otras de carácter técnico. Es, por ejemplo, lo sucedido con los 15 vehículos que usaba Upan para repartir los alimentos. Son propiedad de otra empresa y la panificadora tenía un contrato para disponer de ellos.

El acuerdo venció antes de la declaración concursal de Upan y el pasado 31 de julio la dueña de las furgonetas pidió que le fueran entregadas, sin que la panificadora cacereña fuera capaz de encontrar una solución antes.

Además, en este tiempo han intentado alternativas con otras empresas para intentar recolocar a algunos empleados o que parte de la actividad continuara con otros inversores. Llegó incluso a haber una oferta de compra vinculada a cinco tiendas de la provincia cacereña, pero la operación finalmente no se fraguó. Si hubiera salido adelante habría supuesto el mantenimiento de al menos ocho puestos de trabajo.

Asimismo, la fábrica Upan era muy antigua y en su instalaciones, ubicadas en Las Capellanías, habían tenido que solucionar ya aspectos en materia de riesgos laborales. Las deficiencias de mayor calado fueron subsanadas para no ser sancionados y poder continuar con la actividad.

Sin embargo, la fábrica necesitaba una renovación. Es más, si se hubiera producido la compra de Upan por parte de un inversor, este tendría que haber cambiado de centro de trabajo o haber realizado una remodelación cuyo coste hubiera rondado el millón y medio de euros.