El edificio de Pintores-Moret, en Cáceres, recupera su imagen tras el arreglo de la fachada

La pintura ha devuelto a las molduras que decoran su fachada el esplendor que tuvieron durante sus mejores años. Los viejos canalones han sido sustituidos por otros nuevos para acabar con los problemas de humedad que castigaban al inmueble y este lunes los operarios se afanaban en dar, brocha en mano, lustre a las puertas y a la reja principal.

Los trabajos de recuperación, centrados en la fachada, arrancaron hace un mes, el 27 de mayo. Las primeras labores se focalizaron en eliminar las placas de la parte baja de la construcción. Algunas de ellas fueron las que se desprendieron a comienzos de 2023, momento a partir del cual la Policía valló el inmueble por temor a nuevos desprendimientos. Con esta intervención han desaparecido además los numerosos grafitis que afeaban la construcción, aunque en este caso se trata de un mal que padece gran parte de los edificios del casco viejo.

El arreglo está promovido por los propietarios del edificio, que data de 1910. Fue reformado en 1965 y cuenta con una superficie construida de 806 metros cuadrados en una parcela de 294. Durante años el inmueble albergó en el local comercial los populares almacenes de los Sobrinos de Gabino Díez.

La decadencia que ha arrastrado con el paso del tiempo ha motivado la intervención del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Cáceres, que dio varios avisos a los dueños para que lo repararan, sin obtener mucho éxito. El pasado verano el Consistorio, con el Partido Popular recién llegado al Gobierno municipal, anunció que actuaría de manera subsidiaria. Es decir, que intervendría con sus propios medios y después pasaría la factura a los dueños.

Medio año después, en marzo, el PP reiteró este anuncio con más detalles. El Ayuntamiento comunicó que había encargado ya la redacción del proyecto. Se dijo entonces que el arreglo se llevaría a cabo después de Semana Santa. Pero, finalmente, han sido los propietarios –un número bastante amplio– quienes han decidido intervenir.

De forma paralela, el inmueble está inmerso en un proceso judicial denominado división de la cosa común. Se trata de una fórmula prevista por la ley a la que se recurre cuando un bien es indivisible, como es el caso, y no existe acuerdo sobre cómo repartirlo entre todos los dueños.

El último eslabón de este proceso es la salida a subasta del edificio, un paso que ya se ha dado sin éxito en dos ocasiones. Se espera que haya una tercera convocatoria, según fuentes consultadas por HOY. Hasta ahora, el valor de tasación del inmueble ha sido de 781.000 euros y no se podía adjudicar por menos de 309.000.