La empresa cacereña Sánchez Cortés cierra la mitad de sus tiendas tras la fuerte caída de las ventas

Sánchez Cortés, la icónica empresa cacereña dedicada a la distribución y venta de golosinas y frutos secos, atraviesa los momentos más complicados de sus casi 50 años de historia. La importante deuda acumulada durante los tres meses sin actividad obligados por la pandemia y el posterior desplome de las ventas han llevado a la propiedad a cerrar cinco de sus tiendas: dos en Cáceres ciudad (avenida de España y avenida de Alemania), más las de Plasencia, Navalmoral de la Mata y el centro comercial El Faro de Badajoz. Permanecen abiertas otras cinco, todas en la capital cacereña (centro comercial Cánovas, Antonio Hurtado, San Pedro, Gil Cordero y San Pedro de Alcántara).

El abogado de la empresa, Raúl Fuentes, descartó ayer que Sánchez Cortés vaya a desaparecer y negó además que existan planes para convocar concurso de acreedores. El escenario que manejan, según dijo, es seguir operando con las cinco tiendas que permanecen abiertas y con el resto de actividades derivadas del almacén de distribución que la firma tiene en el polígono Las Capellanías. Mientras, se está negociando con diversas entidades financieras y posibles inversores la refinanciación de la deuda, y también de manera directa con los propios acreedores, al tiempo que se planea una «reestructuración» de la empresa que podría pasar por «buscar una fórmula societaria junto a los trabajadores».

Sánchez Cortes cuenta en la actualidad con 45 empleados, de los cuales, según Fuentes, serían ocho los afectados por el cierre de las cinco tiendas. Por el momento se encuentran incluidos en un ERTE, sin que se descarten posibles despidos a medio plazo. Es una decisión que aún no se ha tomado, entre otros motivos por la falta de liquidez de la empresa para hacer frente a despidos por motivos objetivos.

Respecto al resto de la plantilla, se han venido produciendo algunos impagos de nóminas que algunas fuentes han cifrado hasta en varios meses, algo que matiza el abogado de la empresa: «Hasta la semana pasada se adeudaba un mes y medio de salarios, pero se han abonado entre el viernes y el lunes y a día de hoy [por ayer] todo el mundo está al corriente de pago».

Sobre los motivos que han llevado a esta situación a una de las empresas cacereñas con mayor arraigo y reconocimiento social, Raúl Fuentes señala directamente a la pandemia, y más en concreto a los tres meses que las tiendas permanecieron cerradas por orden de las autoridades. «Hasta ese momento la situación no era boyante aunque tampoco había deudas ­–explica el abogado–, pero 90 días sin generar ingresos al tiempo que se seguían pagando nóminas, Seguridad Social, alquileres, proveedores..., era insostenible».

Cuando las tiendas pudieron reabrir, las ventas no se recuperaron ni mucho menos hasta los niveles previos al confinamiento, por lo que las deudas se dispararon y empezaron los impagos a proveedores y propietarios de locales. Para uno de ellos, el situado en la Plaza Mayor de Plasencia, llegó incluso una orden de desahucio que fue ejecutada hace unas semanas.

Raúl Fuentes afirma que, pese a todo, la situación es «salvable», y lo argumenta con el hecho de que Sánchez Cortés es una empresa unipersonal, de manera que, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo sociedades de responsabilidad limitada, su propietario, Ángel Sánchez Cortés, está obligado a responder de manera personal e ilimitada ante las obligaciones contraídas, es decir, con su propio patrimonio.

Esta peculiaridad de Sánchez Cortés es la que, según el abogado, puede facilitar la refinanciación de la deuda al existir detrás un patrimonio «más que suficiente» que la respalda. Afirma además que la «intachable» trayectoria del empresario en Cáceres durante cerca de cinco décadas ha servido como colchón para evitar que se produzca una lluvia de demandas por impago, ya que muchos proveedores habrían aceptado aplazar y fraccionar los cobros. En esa misma línea afirma que se encuentra también «casi toda» la plantilla de la empresa, y de ahí que, según asegura, no se hayan producido hasta el momento reclamaciones judiciales por parte de los trabajadores.

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