La empresa de la mina de litio en Cáceres ya se plantea la vía judicial y hasta una reclamación de daños

«Improcedente y arbitraria». Así califican los promotores de la mina de litio en Valdeflores la decisión de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de rechazar el permiso de investigación solicitado por Infinity. En una resolución del pasado 6 de abril, la Dirección General de Industria denegaba las actividades de investigación en dos cuadrículas mineras. Lo hacía sobre la base de los informes presentados por el Ayuntamiento de Cáceres, por entender que los sondeos mecánicos y calicatas no están permitidos en esos terrenos por el actual Plan General Municipal (PGM).

David Valls pone el acento en la contradicción que supone que la Junta diese en su día autorización a esas actividades con los mismos informes técnicos municipales que ahora le valen para posicionarse en contra. Y más tras haber respondido a «35.000 alegaciones», remarcan en la sociedad minera. Este será uno de los argumentos en los que se sustente el recurso de alzada que se va a presentar en los próximos días. La mercantil tiene un mes de plazo y la administración deberá pronunciarse en seis meses. A partir de ahí se abriría la alternativa judicial, una posibilidad que hasta ahora se había venido dejando en un claro segundo plano.

En Infinity lamentan el camino elegido por la Junta para dar a conocer su resolución al promotor, el jueves en la Asamblea de Extremadura, en lugar de comunicarla previamente al propio interesado. Es una decisión «más política que jurídica», según Polo. Y además tendrá unos efectos muy negativos no solo para la empresa sino para cualquier inversor que se plantee llegar a Cáceres y pretenda crear empleo.

Son «decisiones que afectan a la oportunidad de atraer inversiones y crean inseguridad jurídica», destaca Cayetano Polo. El exlíder de Ciudadanos se muestra crítico con la postura de la administración: «La Junta de Extremadura consolida el sueldo del alcalde a cambio de condenar el futuro de nuestros jóvenes», vino a decir.

La resolución administrativa implica un «frenazo y parón» para esta iniciativa. Polo sugiere que se está dejando en segundo término a ese 50 por ciento de cacereños que, según la encuesta de la misma empresa, se muestra a favor del proyecto de extracción de litio siempre que conlleve inversiones adicionales. «Nos enfrentamos a grupos minoritarios muy ruidosos que velan más por sus intereses particulares que por los de Cáceres», zanja.

Infinity expresa así su «sorpresa» y «decepción» con la Junta de Extremadura, aunque anuncia que dará batalla «hasta el final». Lo que sí descarta es solicitar el permiso de explotación directamente, pese a tener completo el estudio de viabilidad, tal y como resalta David Valls. El ejecutivo de Infinity habla de una «posición política inmovilista y cerrada al diálogo», que bajo su punto de vista «solo da voz a una parte de la población».

«Vamos a seguir luchando por el desarrollo de este proyecto», adelanta. Infinty esperaba que en 2021 arrancase la obra de la mina y estimaba 150 millones anuales de facturación. Además de acudir al Juzgado de lo Contensioso-Administrativo baraja solicitar una compensación de daños por el lucro cesante. La decisión se valorará.