El expresidente de la Diputación de Cáceres declara tras la denuncia de Abogados Cristianos por prevaricación

El Juzgado de Instrucción nº1 de Coria abrió diligencias contra el expresidente y actual alcalde de Calzadilla al apreciar que los hechos denunciados por la organización de juristas «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa», según informa Abogados Cristianos en una nota de prensa.

Esta organización ultracatólica interpuso una denuncia contra Carlos por un posible delito de prevaricación en la adjudicación «a dedo» de contratos a la empresa constructora, OCR Extremadura. OCR, según detalla, es la empresa responsable del derribo de la cruz de Barrado, entre otras.

Abogados Cristianos dice que no descarta ampliar la denuncia, puesto que considera que Carlos Carlos podría haber incurrido además en los delitos de tráfico de influencias y malversación.

En su denuncia, la organización relata que en desde el año 2021 OCR recibió por parte de la Diputación de Cáceres 14 contratos públicos valorados en 2,2 millones de euros. Además, se le adjudicó también un contrato desde el Ayuntamiento de Calzadilla, del que Carlos Carlos es alcalde, por más de 400.000 euros.

El abogado de Abogados Cristianos que lleva el caso, Pablo Jarque, asegura que han presentado «pruebas que demuestran los vínculos más que evidentes entre la empresa y Carlos Carlos», y afirma que «los actos de corrupción para derribar cruces no pueden quedar impunes». Además, ha señalado que «estos delitos están tipificados en el código penal y contemplan penas de entre nueve y 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público».

Esta no es la primera denuncia de Abogados Cristianos contra Carlos Carlos. En junio de 2022 pasado un juzgado de Cáceres archivó otra en la que le acusaba de prevaricación y de un delito de odio por amenazar a alcaldes con retirarles subvenciones de la Diputación si no eliminaban las cruces de los caídos de sus municipios. Tras escuchar a los cinco alcaldes que fueron citados a declarar y que negaron esas presiones, el juez archivó la causa. Esos alcaldes fueron el de Cáceres, Luis Salaya, y los regidores de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado.

El citado colectivo denunció que el presidente provincial presionó a alcaldes cacereños asegurándoles que no recibirían subvenciones si no quitaban cruces colocadas durante la dictadura de Franco. El órgano judicial de primera instancia archivó el caso al no encontrar acreditados los hechos denunciados, pero, tras un recurso de Abogados Cristianos, la Audiencia Provincial ordenó la reapertura y la toma de declaración a los alcaldes, que concluyó con otro sobreseimiento.