Las familias del Al-Qázeres siguen sin recuperar el dinero del viaje un año después

El 2 de febrero del año pasado la agencia, que estaba ubicada en el barrio de Cabezarrubia y que lleva meses cerrada, comunicó al instituto que había surgido un problema y que la excursión no podía realizarse en las fechas programadas. Se abrió entonces un periodo de incertidumbre para los alumnos y sus familiares que ha pasado por diferentes fases.

En estos momentos hay una causa abierta que se instruye en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cáceres después de que su titular, la jueza María José Javato Ollero, abriera diligencias por presunta estafa. El abogado que representa a 57 de las 60 familias afectadas, Antonio Gil, ha solicitado nuevas pruebas, mientras la defensa del titular de la agencia ha pedido el archivo de la causa al argumentar que no hay una estafa, sino el «incumplimiento de un contrato» por un error. El investigado declaró ante la jueza el pasado mes de julio. Todavía no se ha celebrado un juicio, ni es seguro que vaya a haberlo.

«Ya que hemos perdido el viaje, estamos en trámites para tratar de recuperar el dinero que abonó cada una de las familias. Hay un procedimiento penal abierto por un posible delito de estafa o de apropiación indebida. Este procedimiento lleva su tiempo. La tramitación es larga, un poco tediosa, pero se van dando algunos pasos», detalla el abogado de las familias. Cada una de ellas abonó 645 euros.

«No sabemos si va a haber juicio –prosigue el letrado–. Antes hay que completar una fase de instrucción». En la actualidad, precisa, sus defendidos están pendientes de la práctica de varias pruebas solicitadas por la defensa de las familias en base a la declaración realizada por el titular de la agencia de viajes.

Antonio Gil ha pedido, en concreto, información relacionada con entidades bancarias, aerolíneas y otra agencia de viajes, encargada de realizar el desplazamiento desde Cáceres hasta el aeropuerto. «Con ello lo que se pretende es verificar de alguna manera si, efectivamente, los hechos han ocurrido como dice el responsable de la agencia o no ha sido así», detalla el letrado.

Hay que recordar que el investigado ha mantenido desde un principio que todo se debía a una «negligencia profesional». En declaraciones realizadas a este diario en febrero de 2024 apuntaba que se había producido un error a la hora de tramitar los vuelos. Aseguraba entonces que devolvería el dinero a la familias a la mayor brevedad posible, compromiso que no ha cumplido por ahora.

«Se ha citado también a los padres y a los alumnos que ya son mayores de edad para hacerles lo que se denomina el ofrecimiento de acciones. Esto es, para preguntarles si ejercitan acciones penales y civiles contra el responsable de la agencia de viajes y para saber lo que reclaman. Se les está citando por grupos», señala el letrado de las familias.

¿Qué sucederá a partir de ahora? Una vez que se practiquen todas las diligencias penales solicitadas por las familias, hay varios escenarios posibles para el caso. Una de las posibilidades es que se celebre un juicio oral por delito de estafa. También puede ocurrir que haya un sobreseimiento antes de la celebración de este juicio porque la jueza decida que son hechos que deben discutirse en la jurisdicción civil y no en la penal. «No sabemos qué pasará. Dependerá del resultado de las pruebas que están pendientes de practicar», resume Antonio Gil.

«No tenemos esperanza de recuperar el dinero por parte de la agencia de viajes porque la agencia no tiene actividad y su titular, por lo que manifestó en el juzgado, no tiene solvencia económica. La única esperanza que tenemos es la compañía de seguros, que cubre la responsabilidad civil de la agencia de viajes. En el caso de que hubiera una condena se declararía la responsabilidad solidaria de la compañía de seguros. Es la vía más factible», zanja el abogado de las familias.