Fecons reconoce un «mayor equilibrio» de la inversión de la Junta entre las dos provincias

Los empresarios de la construcción denunciaban el año pasado una desigualdad en las inversiones de la Junta de Extremadura en favor de la provincia de Badajoz, al recibir el triple de presupuesto que la de Cáceres. Un año después reconocen que hay un «mayor equilibrio» inversor entre ambas provincias.

La Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Cáceres, Fecons, celebró ayer asamblea general, en la que se hizo balance de 2017 fue reelegido como presidente Carlos Izquierdo, quien está al frente del colectivo desde 2010. Las cifras de la inversión de la administración regional al cierre de 2017 revelan una menor diferencia entre ambas provincias. En Cáceres invirtió 57,1 millones de euros, frente a 79,3 millones en Badajoz. En 2016 fueron 9,7 millones frente a 26,1 millones respectivamente. Aunque sigue habiendo una diferencia, desde Fecons se reconoce que ya no es tan abultada como el año anterior, cuando era del triple, y que puede ponerse como argumento la mayor población existen en Badajoz.

Sobre la inversión pública del conjunto de administraciones, tanto nacional, como regional, provincial y local, Fecons señala, con datos de licitaciones publicadas en los distintos boletines oficiales, que ascendió en la provincia de Cáceres a 113 millones de euros, 36 más que en 2016, lo que es un incremento del 46%. Sin embargo, la organización sigue considerando «muy bajas» las cifras de la inversión en el sector público, que ascendió a 231 millones en el conjunto de la región. Además, Fecons muestra su preocupación por los vaivenes inversiones de las administraciones en función de los períodos electorales, «con lo que no puede haber ninguna estabilidad en la estructura y empleo de las empresas». Así, en 2014, año de elecciones municipales y autonómicas, la inversión en Extremadura fue de 566 millones de euros. Bajó a 251 en 2015 y a 144 en 2016, con lo que Fecons cree que el próximo año volverá a subir la cifra al ser otra vez año electoral.

En la asamblea se puso de manifiesto también la preocupación por la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público al entender que puede paralizar las licitaciones por la falta de adaptación de las administraciones al nuevo texto, que entró en vigor el pasado día 8.

Sobre el empleo del sector, se reconoce que ya no se destruye. 2017 se ha cerrado con 5.525 trabajadores, frente a los 5.511 de 2016. Son 14 más.