375 firmas para seguir en el bar de Aguas Vivas

Alberto Redondo San Cristóbal, madrileño de 41 años de raíces cacereñas, aterrizó hace diez meses en el bar de la asociación de vecinos de Aguas Vivas. Quería emprender una nueva etapa profesional. Invirtió 8.000 euros en adecentar el establecimiento. El 10 de diciembre de 2018 firmó el contrato con la junta directiva del colectivo vecinal, encargada de gestionar el espacio, y el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, abrió sus puertas.

Todo iba bien, relata, hasta que en el mes de febrero tuvo «una pequeña discusión» con el secretario de la asociación. Se había quedado sin cerveza de cañero, cosa que el directivo le reprochó. Comenzó entonces, denuncia, una campaña personal de «acoso y derribo» contra él que ha desembocado en la decisión de no renovarle el contrato. Salvo cambios de última hora, en diciembre tendrá que abandonar las instalaciones sin haber amortizado la inversión realizada. «Yo solo quiero que me dejen seguir como estoy. Me ha costado mucho levantar esto», afirma emocionado, mientras achaca todo lo ocurrido a motivos puramente personales.

Pero Alberto no se ha quedado de brazos cruzados. Ha iniciado una recogida de firmas en el barrio para recabar apoyos. 375 personas han mostrado su respaldo a la causa. «Tras la reunión celebrada para el cese del contrato de la gerencia del bar 'La sede de Aguas Vivas', con cuatro votos en contra y uno a favor de nuestra continuidad, nos vemos obligados a abandonar el local el 10 de diciembre por motivos meramente personales tras las diferencias con algún integrante de la junta directiva», reza el encabezado. La intención es hacer llegar estas firmas hasta el Ayuntamiento para dejar constancia de la situación.

La clave del asunto está en el segundo punto del contrato rubricado por Alberto Redondo como cesionario y por José María Patrón, presidente de la asociación de vecinos, como cedente. En esa cláusula se especifica que las dependencias han sido adjudicadas para su explotación como café-bar por un plazo de un año, «prorrogable de mutuo acuerdo o en defecto de denuncia hasta un máximo de cinco y sin perjuicio de que cualquiera de las mismas dé por rescindido el contrato de cesión a la finalización de los periodos citados, comunicando dicho extremo por escrito con una antelación mínima de dos meses a la parte contraria (...) Pasado dicho tiempo y si ninguna de las partes manifiesta lo contrario, dicho contrato se actualizará anualmente».

Alberto recibió el pasado mes de septiembre un burofax donde la junta directiva le trasladaba su decisión de no prorrogar el contrato, tras la celebración de una asamblea. José María Patrón defiende que el proceso de comunicación se ha realizado «con una educación exquisita, con tres meses de antelación».

El presidente vecinal niega que existan motivos personales detrás de esta decisión, como mantiene el afectado. Argumenta, en cambio, falta de cooperación con la asociación. «No podemos seguir con una persona que no colabora con nosotros. Ha entendido que es un bar privado y no es así», apostilla.

Patrón admite que, de momento, no tienen a nadie para hacerse cargo del bar una vez que Alberto se marche. «Estamos poniendo carteles y nos los rompen», dice el presidente de la asociación.

Mientras tanto, el adjudicatario actual defiende que paga su cuota mensual religiosamente (230 euros) y que mantiene todas las instalaciones limpias y en perfecto estado. «Yo solo quiero que me dejen seguir como estoy», insiste.

En la junta directiva, no obstante, no hay unanimidad total. Antonio Ávila, el vicepresidente, votó en contra de la decisión de no renovar el contrato a Alberto. «Me parece tremendamente injusto que le hagan esto. Es un chico limpio, honrado y buen pagador. Está haciendo una buena labor. El bar estaba mal y ha hecho una gran inversión. Me parece tremendamente injusto», repite mientras agrega que otro de los directivos, que inicialmente votó a favor de la salida del inquilino, se retractó posteriormente y quiso cambiar el sentido de su voto.

«Él colabora. Los vecinos no quieren que se vaya. Lo que está claro es que esto no puede ser el cortijo de nadie», concluye Ávila, mientras critica las condiciones del contrato. «Solo hay obligaciones».