La Fiscalía de Cáceres no se opone a que los hosteleros estén libres hasta resolver sus indultos

Sergio Lorenzo

Cáceres

Miércoles, 30 de enero 2019, 12:44 | Actualizado 21:16h.

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Antes de que la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres decida si ejecuta inmediatamente la sentencia del caso del ruido de La Madrila, lo que supondría el ingreso en prisión de once hosteleros condenados a más de dos años de prisión, o si espera a conocer la decisión del Gobierno sobre las peticiones de indulto, ha preguntado su parecer a las acusaciones.

A principios de enero la Asociación de Cácereños Contra el Ruido señalaba que no se oponía a la suspensión de las penas de prisión, «en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando sean satisfechas, en su integridad, las indemnizaciones establecidas por sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, así como las multas y las costas devengadas en el procedimiento».

La Fiscalía ha decidido ahora su postura ante la ejecución inmediata de la sentencia, indicando que no se opone a que los once hosteleros estén en libertad hasta que el Gobierno se pronuncie sobre si les concede el indulto parcial, que rebajaría su pena a dos años, librándoles de ir a la cárcel. Diez son los condenados a dos años y tres meses y uno el condenado a dos años y nueve meses. Precisamente éste último es el único que no ha pagado las indemnizaciones y multas al asegurar que no tiene dinero.

Ahora tendrá que decidir el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres si se ejecuta la sentencia y los once hosteleros van inmediatamente a prisión, o espera a que el Gobierno decida sobre el indulto. Lo habitual es que el tribunal decida esperar a que el Consejo de Ministros resuelva si concede o no el indulto.

Por otra parte, la Fiscalía de Cáceres está analizando cada caso de los once hosteleros para indicar, de manera individual, si es partidaria o no de que se les conceda el perdón parcial.

Al Gobierno le llega, con la petición de indulto hecha por la defensa, la recomendación de la acusación y también del tribunal que emitió la sentencia condenatoria.

La decisión tanto del tribunal como de la fiscalía no son vinculantes, siendo muchos los casos en los que el Gobierno ha concedido indultos sin tener en cuenta la recomendación negativa del tribunal y la fiscalía.

El caso más reciente de petición de indulto en la provincia de Cáceres, es el del exalcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo. Tenía que ir 525 días de cárcel (alrededor de un año y medio) al no pagar 120.000 euros por delitos de prevaricación urbanística y administrativa.

Su abogado pidió el indulto al Gobierno el 17 de abril de 2018, y en menos de ocho meses, el pasado 7 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros denegó el indulto, a pesar de que estaba apoyado por más de 10.000 firmas y medio millar de personas se manifestaron en el pueblo pidiendo que no ingresara en prisión. Alberto Cañedo se declaró insolvente.

En el caso de los hosteleros condenados en Cáceres, 12.327 firmas apoyaron su indulto.

Los indultos serán vistos por el Gobierno de manera individual. Según letrados a los que ha consultado el Diario HOY, quienes pueden tener más dificultades en lograr el perdón parcial, son el condenado que no ha pagado las indemnizaciones a las víctimas, y otros dos que tienen antecedentes penales.