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La congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús sigue interesada en hacerse cargo del centro de rehabilitación y los pisos tutelados que ... hasta ahora venía gestionando Feafes Cáceres, la asociación de familiares y personas con enfermedad mental.
Según ha indicado a este diario Cristina Polidura, directora gerente de los centros asistenciales que la congregación tiene en Extremadura y una parte de Madrid –las religiosas están al frente de un total de 25 centros en todo el país–, las Hermanas permanecen a la espera de que Feafes les facilite información actualizada de las deudas que arrastra en estos momentos para poder llegar a un acuerdo definitivo. «Sin esa información no podemos hacer un estudio exhaustivo de la operación», señala Polidura desde las oficinas centrales que la congregación religiosa tiene en Madrid.
Existe un borrador de acuerdo que ya está sobre la mesa y que marcó el inicio de las negociaciones. Esta propuesta fue presentada por las Hermanas Hospitalarias a la junta directiva de la ya disuelta asociación el pasado mes de junio. El día 30 de ese mismo mes Feafes –que oficialmente se disolvió el 18 de marzo– dio el visto bueno a la operación. Pero esa propuesta, aclaran desde la congregación, se hizo con los datos de mayo como base. Desde entonces, las monjas llevan a la espera de que les sea facilitada la información actualizada para saber, en realidad, a cuánto asciende la deuda que arrastra Feafes.
Mientras tanto, y de forma paralela, las Hermanas Hospitalarias han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento para ponerle al tanto de la intención de la congregación y saber si, por parte del Consistorio, hay luz verde a la operación. Hay que tener en cuenta que la parcela en la que se levanta el centro asistencial de Feafes, en el barrio de Mejostilla, es de propiedad municipal y solo puede destinarse a organizaciones sin ánimo de lucro, no a empresas privadas. Este fue, precisamente, el motivo por el que no llegó a fructificar el acuerdo al que llegó Feafes con la empresa madrileña Grupo 5 el pasado mes de mayo.
Las Hermanas Hospitalarias, que ya están implantadas en la ciudad desde hace 27 años, subrogarían a la actual plantilla de Feafes, formada por una treintena de trabajadores, que llevan sin cobrar un año, desde julio de 2020, a excepción de los meses de enero y marzo. Estas nóminas fueron abonadas por Feafes.
Las Hermanas Hospitalarias gestionan en la capital un centro especializado en la atención ambulatoria a personas con enfermedad mental situado en el barrio de los Fratres. La congregación suma casi 150 años de antigüedad y surgió para prestar atención a la situación de abandono y exclusión social que sufrían las mujeres con dolencias psiquiátricas.
De todos los movimientos que hay en Feafes están muy pendientes sus empleados, que denuncian a este diario la situación desesperada que atraviesan al llevar casi un año sin cobrar. Se quejan, además, de los incumplimientos del Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura ), con el que Feafes tiene suscrito el contrato para prestar el servicio asistencial a los 30 usuarios del centro de Mejostilla y a los ocho que viven en los pisos tutelados supervisados. Lo que las Hermanas Hospitalarias negocian en estos momentos es la cesión de ese contrato.
El Sepad no participa en las negociaciones entre la organización y las religiosas, pero sí se encargará de supervisar el acuerdo, una vez cerrado, para darle o no el visto bueno. Y ese informe, de momento, no ha llegado a la administración regional.
«El Sepad desde enero nos viene diciendo que aguantemos. Nos pone fechas que nunca llegan a cumplirse. Nos dijeron que si esto no se solucionaba o no mejoraba el día 30 de junio se podría intervenir, cosa que tampoco se ha hecho. Estamos ya muy cansados. No vemos solución a esta problemática. La junta liquidadora de Feafes debería haberse ido en un plazo de 60 días. Nos sentimos abandonados», lamentan los empleados.
El servicio que prestaba Feafes a los usuarios no se ha interrumpido. Los empleados, a pesar de no cobrar, no abandonan sus puestos para no perder los derechos que tienen adquiridos en caso de despido.
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