La jueza aplaza la entrada en prisión de los hosteleros de La Madrila hasta que el Gobierno se pronuncie

Sergio Lorenzo

Cáceres

Viernes, 15 de febrero 2019, 17:10 | Actualizado 21:14h.

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El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha decidido no ordenar el ingreso en prisión de los once hosteleros condenados por el ruido en la zona de La Madrila mientras sigan pendiente los indultos parciales que cada uno de ellos ha pedido al Gobierno.

El Juzgado ha comenzado este viernes a nviar a los condenados un auto sencillo, de dos páginas, con la misma parte dispositiva: «Se accede a la suspensión del cumplimiento de la sentencia ejecutoria, planteada con ocasión de la petición de indulto realizado a nombre del mismo, todo ello mientras se tramita el expediente de indulto y hasta que recaiga la decisión correspondiente sobre dicha petición».

Es decir, que se suspende su ingreso en prisión hasta que el Gobierno central, en un Consejo de Ministros, decida si concede o no el indulto parcial que le han solicitado.

Hay que recordar que de los once hosteleros condenados por los ruidos en la zona de La Madrila, diez han sido sentenciados a dos años y tres meses de prisión, y sólo uno a dos años y nueve meses. Todos ellos han pedido que se les conmute la pena por otra de dos años para no tener que ir a prisión.

Han recibido este auto seis de los once condenados: Rubén García, de 'Tacones'; Sergio Tercero de 'Latinos'; Eduardo Rodríguez de 'Down'; César Andrada de 'Submarino'; David Vivas, del 'Barroco' y uno de los dos hermanos que regentaban el 'Machiavello'.

La comunicación de los autos se paró a las tres de la tarde del viernes al terminar el horario de trabajo de los tribunales, pero se espera que los restantes continúen el próximo lunes y en el mismo sentido. Quedan por recibir la resolución del auto, por tanto, cinco condenados: uno de los hermanos Santos del 'Machiavello'; Juan A. Rosa del 'Sugar'; Agustín Nieto de 'La Belle'; Santiago Campón de 'La Cuerda' y Abel Giraldo de 'Tacones'.

No obstante, cabe la duda sobre la decisión que afecta a Abel Giraldo, ya que es el que tiene más condena y el único de los hosteleros condenados que no ha indemnizado a los perjudicados con el argumento de que no tiene dinero.

En cualquier caso, existen precedentes de indultos otorgados por el Gobierno a hosteleros condenados, en donde se acuerda que queda supeditado el perdón a que pague más adelante. Es lo que ocurrió con el propietario de un bar en la localidad granadina de Deifontes, que fue condenado a dos años y tres meses de prisión, rebajándole la pena a dos años, por lo que ya no fue a la cárcel. El otro fue el dueño del bar El Coyote de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Se le había condenado a cuatro años y un día de prisión. El entonces ministro de Justicia Rafael Catalá le conmutó la pena por otra de dos años, «a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia».

Por otra parte, en caso de que el Juzgado de lo Penal hubiera acordado el ingreso en prisión de alguno de los hosteleros, aún cabría a sus abogados recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial.

El Gobierno suele tardar entre ocho meses a cinco años en resolver un indulto.

Por este mismo caso, también fueron condenados la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, aunque sus penas no superaban los dos años de prisión.