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Es inevitable. Los once hosteleros condenados por el ruido en La Madrila van a ir a prisión, y la táctica que van a seguir para salir cuanto antes de la cárcel es no protestar por muy injustos que les parezcan la sentencia y la decisión del Gobierno en funciones de no indultarles. Tienen que asumir el delito, por el que ya han pedido perdón, y también la condena, para poder obtener los mayores beneficios penitenciarios y salir en libertad, en tercer grado, a los dos o tres meses de ingresar en la prisión cacereña.
La táctica de estar callados y acatar la condena la corrobora el hecho de que ayer el grupo que les apoya, 'Yo también hice ruido en La Madrila', decidió no organizar acto de protesta alguno. Ayer dijeron en un comunicado que «por deseo expreso de los hosteleros implicados en el caso de los ruidos en la Madrila, la Plataforma 'Yo también hice ruido en la Madrila' se abstendrá de hacer ninguna acción, de ninguna índole, ante las últimas noticias sobre este tema, salvo que ellos mismos nos las soliciten. Estamos a su entera disposición».
Al Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ya ha llegado la decisión, tomada en el Consejo de Ministros, de denegar el indulto a nueve de los once hosteleros condenados. Se trata de los que llevaban La Belle y La Cuerda, la discoteca Down, Latino's, Maquiavello, Sugar, Submarino y un responsable de Tacones. Los dos que faltan son el responsabe del Barroco y otro gerente del Tacones. El Consejo de Ministros aún no han decidido sobre su indulto, aunque es seguro que su decisión será desfavorable a concederlo.
Todos habían sido condenados a dos años y tres meses, menos un hostelero del Tacones, que fue condenado a dos años y nueve meses. Este, que falta por recibir la denegación del indulto, es el único que no ha pagado a los vecinos y las costas.
La denegación del indulto ha causado gran extrañeza en Cáceres por la rapidez de la decisión del Gobierno en funciones. El portavoz municipal y edil de Seguridad de Cáceres, Andrés Licerán, dijo ayer que en la Corporacion Municipal estaban «realmente apenados» por la denegación de los indultos. En su día todos los partidos con representación en el Ayuntamiento apoyaron la solicitud de indulto.
El procedimiento contra los hosteleros y la exalcaldesa Carmen Heras y el concejal Carlos Jurado (condenados a menos de dos años por lo que no ingresan en prisión), se inició por la denuncia de la Asociación Cacereños Contra el Ruido. Su abogado, Eugenio Cuadrado, siguió insistiendo ayer en que ellos no querían que los hosteleros fueran a la cárcel. «Queremos que salgan lo antes posible de prisión», afirmó.
Se ha confirmado lo que en este medio de comunicación habían avanzado expertos en leyes: era muy difícil que el Gobierno indultara a los once hosteleros condenados, ya que el Gobierno cada vez concede menos indultos debido al mayor control que se ejerce sobre esta competencia del Consejo de Ministros.
Si en el año 2000 el Gobierno llegó a dar 1.744 indultos, ese número bajó a 534 en 2012 y a 204 en el 2013. Desde el año 2014 bajaron del centenar: se pasó de 87 en ese año, a 75 en el 2015, 27 indultos en el 2016, 26 en el 2017, hasta llegar a solo 17 en el año 2018.
Al analizar los indultos del año pasado llama la atención que cuatro de los 17 se concedieron a petición de Cofradías: Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga, Santo Cristo del Perdón de León, Jesús Nazareno de Ponferrada (León) y Santísimo Ecce Homo de Gandía (Valencia).
Nueve de los 17 indultados fueron condenados por cometer delitos de tráfico de drogas, y ninguno fue sentenciado por contaminación acústica. En otros años sí hubo hosteleros que se libraron de la cárcel. Entre los indultos del año pasado, está el parcial a una mujer que en 2015 mató de una puñalada a su expareja en Madrid. Él la maltrataba de forma continuada. La Audiencia Provincial de Madrid la condenó a seis años al encontrarla culpable de haber cometido un homicidio, y el Gobierno le rebajó la pena a cuatro años de cárcel.
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