Los hosteleros achacan el ruido de la Madrila a las personas en la calle

«Yo puedo ser responsable del ruido que se produce en mi local; pero no puedo ser responsable del que se origina en la calle. ¡Jamás!», declaró ayer David V. G., gerente de la Sala Barroco.

En el tercer día del juicio del ruido en La Madrila declararon los responsables de tres de los nueve locales acusados de la contaminación acústica: Sugar, Maquiavello y Barroco. Los tres insistieron en el argumento de que el ruido que molestaba a los vecinos, más que el procedente de los locales, era el de las miles de personas concentradas sobre todo en la Plaza de Albatros, en donde estaban unos 17 locales.

David declaró que el problema era sobre todo cuando cerraban los bares a las tres y media de la madrugada, «y de un sitio salían 200 personas, de otro 150, de otro 200... y se ponían en la plaza de Albatros». La mayoría se quedaban allí esperando, hasta que abrían otros locales con un horario distinto.

«En la calle podían estar hasta 6.000 personas, algunas haciendo botellón... y algunas hasta con tambores», declaró Juan Antonio R. M., responsable de Sugar, local que está cerrado desde el 2012. Este hostelero comentó que su bar era más que nada de cafés por las tardes, que tenía un limitador de sonido, y que desconocía que vecinos del edificio en el que se encontraba se habían quejado del ruido. También indicó que en ese mismo bloque había seis sitios de copas.

El gerente del Sugar también recordó que el Ayuntamiento le cerró el local durante seis o siete años, pero luego el Consistorio tuvo que indemnizarle con 360.000 euros. El Ayuntamiento tomó la decisión de quitar la licencia al pub La Ventana (después se llamó Sugar) en el año 2003, con José María Saponi como alcalde. Lo hizo al considerar que había perdido la licencia al estar más de seis meses cerrado, como se estipulaba en la normativa de zona saturada de bares. Se comprobó que era cierto que del 5 de mayo al 5 de noviembre de 2003 el pub había estado cerrado, pero los empresarios habían pedido licencia para realizar obras.

Juan Luis S. B., que con su hermano Francisco, regentaba el local Maquiavello (también está cerrado), negó que en este local se estuviera molestando con ruido. Su caso se pone como ejemplo de lentitud en resolver contra los bares, ya que tenía una sanción de 15.000 euros (según él injusta) del año 2004, y no hubo resolución judicial hasta agosto de 2010. Ayer reconoció que aún no habían pagado la multa al faltar un trámite.

Los tres hosteleros opinaron que las mediciones del ruido que hizo el Seprona en casas de vecinos estaban mal hechas, ya que se hicieron con las ventanas abiertas, mezclándose desde el ruido de la gente de la calle con la de los estorninos que invaden la zona, especificando mal los locales, y sin haber cerrado la zona para que no permaneciera gente en la calle.

El gerente del Barroco sembró dudas en las mediciones de Seprona, ya que el entonces presidente de la Asociación de Cacereños Contra el Ruido, Antonio Durán (ya fallecido) era guardia civil, cuerpo que se ocupó de hacer las mediciones. Recalcó que los vecinos se habían negado a que la Policía Local volviera a hacer las mediciones en sus casas, «porque sabían que iban a dar un resultado muy distinto».

David V. G. aseguró que su local, la Sala Barroco, nunca había generado problemas del ruido, y sí los había tenido por no cumplir el horario de cierre, «pasaban dos minutos de las tres y media de la madrugada y ya me estaban denunciando». Tuvo más de 70 denuncias, pero insistió en que ya fue juzgado y condenado a pagar una multa. De los dos vecinos que le denuncian, dijo que conocía a uno, «vive en el séptimo, es cliente, y ha cerrado algunas veces el local conmigo». Comentó que nunca se le había quejado.

Él fue portavoz de la Asociación de Hosteleros de la Madrila del 2005 al 2011. Aseguró que ellos fueron los que promovieron el cierre del tráfico los fines de semana en La Madrila. Propuesta que puso en práctica el Ayuntamiento.

También declaró que Carmen Heras y Carlos Jurado hicieron todo lo posible por solucionar el problema del ruido, y que el presidente de la asociación de vecinos, Miguel Salazar, le había dicho que el Barroco no ocasionaba ruido, sino los bares que estaban abiertos a las seis de la madrugada.

«En todas las actividades hay sinvergüenzas. Llevo 20 años en La Madrila y sé quién molesta y quién no, y es injusto que yo esté aquí», aseguró en el juicio. El Barroco, que estuvo cerrado tres meses y medio, sigue abierto tras realizar obras de insonorización.

Uno de los hosteleros que ha declarado hoy ha sido el gerente del local 'Sugar' durante los años 2007-2012, que ha indicado que contaba con una licencia de café-bar especial y que desde un primer momento tuvo un limitador de sonidos.

Se da la circunstancia de que este local había estado clausurado durante seis años por carecer supuestamente de licencia, algo que quedó demostrado en un proceso contencioso-administrativo y que obligó al Ayuntamiento a indemnizar a este empresario con 360.000 euros por daños.

Una vez solventado este proceso y pasada la inspección técnica al 'Sugar' le fue concedida la licencia, por lo que ha manifestado el entonces gerente que «me extrañó tanto que en 2011 vinieran con un informe de medición de ruido a decirme que estaba incumpliendo la normativa».

Hasta ese momento, ha asegurado el gerente, desconocía las quejas de los vecinos «y me hubiera gustado que me hubiesen dicho algo». Su local era de cafés por las tardes, ha indicado, y ha achacado el ruido a las personas que se reunían en la calle y a junto a otros locales de los alrededores.

«Tal y como el Seprona hizo las mediciones en las casas de los vecinos, era imposible saber de qué local procedía el ruido», ha aseverado.

Por su parte, el responsable de la 'Sala Barroco', único local de los denunciados que continúa con su actividad, y presidente de la Asociación de Hosteleros de 2005 a 2011, ha indicado también que «no tenía conocimiento de las denuncias por ruido» y sí, en cambio, de las de incumplimiento de horario por las que ya fue juzgado en otro proceso y pagado la correspondiente multa.

Esas denuncias por horario de cierre le llegaban de la Junta de Extremadura y ha asegurado que «por parte del ayuntamiento nunca le ha llegado denuncias».

El empresario ha relatado que para poder hacer el cambio de licencia a café-concierto realizó las obras que le solicitaba el Consistorio Municipal y que con anterioridad, para hacer conciertos, pedía un permiso especial a la Junta, que se los concedía.

Preguntado por la Fiscalía sobre la falta del informe de un estudio acústico, ha contestado que de eso se encargaba la empresa a la que contrató el proyecto de insonorización.

En su testimonio también ha dejado constancia de sus reuniones con el exedil y procesado Carlos Jurado, y ha dicho que tanto él como la exalcaldesa Carmen Heras, también acusada en este proceso Carmen Heras, «fueron los únicos que hicieron algo por solucionar este problema con una normativa y con controles de la Policía Local».

Asimismo, ha puesto en entredicho las mediciones del Seprona porque «tal y como las hicieron en casa de los vecinos es imposible saber de dónde venía el ruido cuando hay cinco mil personas en calle».

El juicio continuará a lo largo de toda la semana con los testimonios de los once hosteleros procesados, a los que la acusación particular les pide además una indemnización de 297.000 euros por daños a los vecinos.