Inquilinos de un bloque social de Cáceres reclaman 22.000 euros de las cuotas al Ayuntamiento

Entre esas okupaciones y casas cerradas pero cuya comunidad no se abona la situación es insostenible, ha reconocido ya el administrador. Lo llamativo en este bloque social es que el moroso principal sea el Consistorio. El propio administrador le ha remitido un escrito en el que indica que, tras hacer balance provisional de la cuenta corriente de la comunidad, figuran como impagados los recibos de una decena de pisos.

Los hay en varias las plantas, desde la baja hasta la cuarta. La principal deuda es la de un tercero en el que se reclaman al Ayuntamiento casi cuatro mil euros, exactamente son 3.820. La deuda total que se estima por parte del administrador ronda los 22.000 euros.

En el escrito que se registró de forma oficial con datos a fecha de 16 de octubre se le pide al Consistorio que compruebe las cantidades para proceder a continuación a su abono. También se le envía un número de cuenta de la comunidad de propietarios para que realice en ella ese ingreso.

El número 8 de Río Tíber está en el corazón de Aldea Moret, la barriada más afectada por las okupaciones. Según datos del Ministerio del Interior, con las estadísticas que le facilitan los cuerpos de seguridad, en la provincia hubo 46 allanamientos y usurpaciones de inmuebles en 2023. Más de una veintena de personas han sido investigadas o detenidas por presuntos delitos relacionados con esa actividad.

En mayo pasado el equipo de Gobierno anunció que el alcalde había encargado a los servicios técnicos municipales un informe sobre las ocupaciones ilegales. Un documento anterior, de 2019, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) aludía a este problema y concluía que recuperar 39 viviendas tendría un coste de unos 915.000 euros.

El último dato conocido es el que dio el Ayuntamiento en junio. El director del IMAS firmaba un informe en el que constata que 36 viviendas sociales del Consistorio se encuentran ocupadas de forma irregular. El Ejecutivo que preside Rafael Mateos confirmó que se ponía en marcha para ejercer acciones judiciales y recuperar la posesión de los inmuebles.

En el bloque del número 8 de Río Tíber esa situación se visualiza con nitidez. Hay pisos en los que, según el relato de los vecinos, se mantienen okupas sin que se haya procedido a su desalojo. Otros inmuebles aparecen con las ventanas y las puertas de entrada tapiadas. «Llevo 36 años aquí, pero lo que estamos viviendo es duro. No me voy porque aún estoy pagando el piso y no puedo irme a otro sitio», comentaba una vecina cuando HOY se hizo eco de lo que estaba pasando allí en mayo. Se pagan 40 euros de comunidad, no tienen ascensor y conviven con los propios okupas. La cuota del garaje son otros seis euros. Los impagos han hecho que la deuda se multiplique, como ha reconocido el administrador.

En su escrito al Ayuntamiento anota uno a uno los pisos y sus deudas. Aparece el bajo que fue okupado en abril. Los residentes relataron que acudió la Policía, «pero nos dijeron que no podían hacer nada, que no los podían echar». Hay una deuda de 2.040 euros por la comunidad de 2022, otros 480 de 2023 y 480 euros más de 2024. En total, 3.000 euros que, según el escrito remitido, corresponde pagar a la administración. La cantidad más baja son 1.440 euros de un segundo. La más alta, la de un tercero en el que los inquilinos se instalaron con la anuencia municipal, señalan los residentes, pero no son titulares el inmueble. La deuda crece: 3.820 euros. La cantidad global que se reclama es de 21.980 euros «Ruego compruebe lo que se indica en el cuerpo de este escrito y proceda de ser así a su abono en la cuenta de la comunidad», se despide.