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Cuando se van a cumplir cuatro años desde que el Ayuntamiento ordenó el precinto de Valdeflores y paró los trabajos de investigación de la empresa de la mina, el proceso sigue abierto. La promotora, Tecnología Extremeña del Litio (TEL), ha conseguido una victoria en ... los juzgados, al ver prosperar su recurso contra una doble resolución del Consistorio que le obligaba, primero en septiembre de 2019 y posteriormente en febrero de 2020, a restaurar la zona afectada previo cambio del plan de restauración que tenía previsto. En una sentencia del pasado día 4 de octubre, el Contencioso-Administrativo número 2 falla a favor de la mercantil ya que la resolución municipal, resalta el fallo, «deviene contraria a Derecho y debe ser anulada con archivo del expediente en que se dictó».
En septiembre de 2019, el Consistorio planteó un plan de restauración modificado, tras no aceptar el que había elaborado la empresa por entender que tenía deficiencias.
Decía entonces el Ayuntamiento que la restauración del área en la que se ordenó en 2018 la suspensión y precinto de los trabajos de TEL debía estar basada en los requerimientos marcados por los técnicos municipales. De hecho, el propio Consistorio llegó a aludir a la posibilidad de acometer una ejecución subsidiaria, algo que no ha sucedido. Hay que recordar que TEL se dirigió meses antes al Ayuntamiento para que autorizase levantar los precintos y rehabilitar el terreno, pero se consideró que esa rehabilitación prevista no era adecuada. TEL recurrió la resolución de Urbanismo pero Alcaldía desestimó su petición. Ahora el juez le da la razón y recuerda que la Junta de Extremadura «no puede aprobar el plan de restauración» ya que en abril denegó el permiso de investigación Valdeflores. Considera «contraria a Derecho» la resolución municipal y la declara nula.
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«El Consistorio actuó de forma ilegal y caprichosa al requerir informes que extralimitaban sus competencias», valoró ayer David Valls, director general de Infinity Lithium, la empresa matriz. Opina que fue el mismo Consistorio el que provocó un retraso en la intervención medioambiental. La sentencia no es firme, ya que aún cabe recurso ante el TSJ. Desde el equipo de Gobierno se apunta que los servicios jurídicos ya lo están estudiando.
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