Un juez obliga a iniciar los trámites para que Cuarto del Baño en Cáceres tenga camino público

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 26 de noviembre 2019, 08:20

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El Ayuntamiento de Cáceres tendrá que investigar sobre la titularidad del camino de la finca Cuarto del Baño. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número de 1 de Cáceres falló el pasado mes de julio a favor de anular la resolución del Consistorio en la que se desestimaban por silencio administrativo los escritos de la comunidad de vecinos de estas fincas, cuyos dueños solicitaban la investigación del camino público del Monte de Almeida. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la resolución de la alcaldía sobre este asunto.

Este camino aparecía como camino privado en el catálogo que elaboró en diciembre de 2017 el Ayuntamiento, al que ahora el juez obliga a retomar la investigación y a hacer frente a las costas judiciales surgidas de este proceso. Según informó ayer José Ramón Bello, concejal de Urbanismo y Patrimonio, ya se ha conformado un equipo instructor del expediente, que está compuesto por dos funcionarios. «Se ha procedido a recabar toda la documentación de este expediente, toda la investigación que se hizo en su día y por otro lado todas las cuestiones que se han ido planteando sobre la titularidad del mismo».

Ahora, indicó el edil, se abre el plazo para que diferentes administraciones, instituciones y afectados puedan tener acceso al expediente y hacer todas sus aportaciones. Al término de esta instrucción se hará una propuesta sobre la investigación, indicando si finalmente se trata de un camino público como reclaman los afectados de la finca Cuarto del Baño». Según previno el concejal el proceso se extenderá durante varios meses.

A las fincas de Cuarto del Baño se accede por el punto kilométrico 67,400 de la nacional 521. Este camino atraviesa el río Salor mediante un pequeño puente que es cubierto en épocas de crecida o suelta de las aguas del pantano de Valdesalor. Desde agosto de 2017 el camino Almeida encuentra cerrado su libre tránsito hasta la localidad de Malpartida de Cáceres y hacia una unión de caminos a la salida de la carretera de Badajoz.

Según precisa la sentencia, se trata de una vía centenaria, utilizada habitualmente por jornaleros de Aliseda para realizar labores agrícolas. Es la única vía de comunicación entre las fincas cuando por el río Salor corre abundante agua. A causa del cierre del camino por el dueño de la finca la Jabalina se reabrió la polémica en marzo del año pasado, al denunciar los vecinos que quedaban incomunicados en caso de lluvia con la crecida del río Salor. «Este hombre (el dueño de la finca la Jabalina) usurpa el camino por dejación del Ayuntamiento, antes de la resolución definitiva del catálogo de caminos públicos, del 22 de diciembre de 2017 ya había cortado el camino, lo hace en el mes de agosto de ese año».

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 se vale de distintas fuentes para analizar el carácter de la vía. Según el informe del responsable de Cartografía del SIG este camino no aparecía ni en los bosquejos planimétricos de 1896 ni en el denominado Libro de Yervas de Cáceres de 1909. La jefa de sección de Inventario aportó que el camino en cuestión no aparecía como camino público en ambos documentos ni en el registro de la propiedad de las fincas a las que se accede a través de camino. Frente a estos informes la comunidad alega indicios de la naturaleza pública del mismo, como el informe pericial de un ingeniero agrónomo en el que concluye que este camino debe incluirse en el catálogo de caminos públicos. La jefa de la sección de Cartografía y Catálogos de Caminos Públicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta se refirió a la diversa cartografía que avala su naturaleza pública.

Según Antonio Gil esta sentencia es «un éxito» porque se trata de la única vía para revertir la decisión tomada por el anterior equipo municipal. «El juez ha antepuesto a los conocimientos que tenía el Ayuntamiento lo que aportamos nosotros como indicios de que se trata de un camino público».

El hecho de que el Consistorio haya sido condenado a las costas judiciales habla, según Antonio Gil, de la contundencia de esta sentencia judicial. «Pretendemos que el camino sea un bien público, no se trata solo de que de servicio a una comunidad de propietarios que hemos promovido la investigación, sino que pueda usarlo cualquier ciudadano». Gil indicó ayer que el proceso de investigación van a alegar de nuevo todos los indicios que apuntan al carácter público del camino y añadió que «no existe ningún título de propiedad del mismo».