Juicios mediáticos en Cáceres: de la ocupación de la finca 'La Encomienda' a los 117 acusados por blanqueo

Se sentaron en el banquillo del Palacio de Justicia de Cáceres 16 acusados, siendo uno el líder comunista Manuel Parejo, para el que pedían 4 años de cárcel y 12 años de inhabilitación. Entonces era diputado regional por Izquierda Unida, defendiéndole junto a Cristina Almeida el abogado de Don Benito Mariano Gallego, que era diputado regional por el Partido Popular. Al final Parejo y dos mujeres fueron absueltos, condenando a 13 acusados con penas que no superaban los 6 meses de prisión, aunque tenían que pagar más de cinco millones de pesetas por los daños (unos 30.000 euros).

Otro juicio que llenó el Palacio de Justicia de Cáceres fue el que se celebró en abril de 1989, cuando fue juzgado por la Sala de lo Criminal de Cáceres el abogado de Cáceres Antonio P. P., que en agosto del año anterior había matado con una escopeta de caza a su hijo de 19 años. Fue condenado a 13 años, pero en 1993 el Gobierno le indultó. Estuvo tres años y medio encarcelado. Murió en 2004 con 70 años.

Un año después, en 1990, hubo otro juicio que llamó la atención en Cáceres, al juzgar el 9 de marzo a María Cruz L. P., de 42 años, por haber matado a su marido. Frente al Palacio de Justicia se manifestaron feministas pidiendo su absolución al asegurar que había sido una mujer maltratada por su marido. El crimen había ocurrido la madrugada del 2 de marzo de 1989 en un piso del barrio cacereño de Pinilla. En Cáceres fue llamado el crimen del candelabro, ya que la homicida había agredido al marido con dos candelabros, además de con una figura de bronce. Con estos objetos le había dado 88 golpes, pero el cadáver también tenía 11 cuchilladas (diez en el cuello y una en un costado). Fue condenada a doce años y un día de prisión. Entre los testigos había un histórico de ETA que era amigo del fallecido: Izco de la Iglesia, que llegó a ser condenado a muerte en el 'proceso de Burgos'.

En el año 2003 uno de los juicios que causó más sensación en Cáceres fue el del asesino Diego V. S., apodado 'El Goya', que vivía en el Bloque C de la calle Ródano del barrio cacereño de Aldea Moret. Se le juzgó porque a las cinco de la tarde del 21 de marzo de 2002 entró con su coche a toda velocidad en calle Ródano, en dirección contraria. Paró el vehículo delante de gente que estaba charlando en la acera, por la ventanilla sacó una pistola y disparó dos veces antes de huir a toda prisa. Una bala mató a un hombre de 68 años, y la otra hirió a una muchacha de 15 años en el estómago. 'El Goya' fue condenado a 28 años de prisión. En el juicio, estando esposado, se le acercó una hija del fallecido que le dijo: «El día que salgas de la cárcel, te mato».

En el año 2006 a la Audiencia Provincial de Cáceres llegó un caso que había conmocionado a Extremadura. La Noche de Reyes de 2005, un grupo de jóvenes que estaban en La Madrila intervinieron para que un hombre de 32 años dejara de agredir a su pareja. El agresor pegó a uno de los jóvenes, pero éste le respondió dándole un puñetazo que le dejó tirado en el suelo. El maltratador, Alejandro M. N. fue al bar que regentaba en el barrio de Moctezuma, cogió una pistola que tenía ilegalmente y volvió a La Madrila. Encontró al grupo de jóvenes y disparó a matar. Una bala alcanzó en el cuello a un joven cacereño de 19 años, estudiante de primero de Derecho, que falleció. Cuando le comunicaron lo ocurrido a su padre, murió de un infarto. En el juicio llamó la atención que su pareja, con la que tenía un hijo, mintió y dijo que no le había pegado. Fue condenado a 20 años de cárcel.

En 2008 el juicio más mediático fue el del crimen ocurrido en un piso de la avenida Hernán Cortés de Cáceres, cuando el marroquí de 25 años Issam G. degolló a su novia de 37 años, natural de Casar de Cáceres. Fue condenado a 22 años de prisión.

En 2014 la opinión pública se fijo en el juicio a una madre y a su hijo de Logrosán acusados de asesinar a su esposo y padre el 14 de febrero de 2011. Murio de un disparo de escopeta mientras estaba en la cama de su habitación. Fueron condenados los dos a 17 años y medio de cárcel, pero luego la madre fue absuelta por el Tribunal Supremo.

Si en el juicio de las botellas de vino de Atrio, el Tribunal Superior de Justicia va a usar dos salas en el Palacio de Justicia e invertir algo de dinero en infraestructuras, no tiene nada que ver con los 61.000 euros que costó el macrojuicio que se celebró en Cáceres en el año 2017. Era el juicio por blanqueo de dinero con más encausados que se había celebrado hasta el momento en España. Eran 117, y se tuvo que preparar el salón de actos que tiene la Universidad de Extremadura en el recinto de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo. El juicio comenzó el 13 de octubre de 2017 y terminó a mediados de 2018. En el transcurso de la vista había fallecido uno de los encausados. La mayoría eran del barrio de San Lázaro de Plasencia, pero también había de Cáceres, Madrid, Málaga y Navalmoral de la Mata. Se les acusaba de blanquear cerca de 13 millones procedentes de la venta de droga. Hubo casos asombrosos como menores que que tenían a su nombre cartillas muy abultadas. Había uno que tenía ocho cuentas bancarias, con una media de 60.000 euros en cada una. El cabecilla movía millones de euros en los bancos, y llevaba 18 años cobrando 425 euros al mes de prestación por desempleo. Su mujer, también condenada, llevaba 16 años cobrando la misma prestación. Una de las acusadas no conducía, no tenía carnet, pero tenía a su nombre siete vehículos de alta gama, uno de ellos un BMW por el que pagó 73.400 euros.

Fueron condenados 37 de los acusados, con penas de prisión que iban de los tres años y medio a los ocho años de cárcel, teniendo que pagar entre todos 20 millones de euros en multas.

El nombre del Hotel Atrio ahora aparecerá en numerosos medios de comunicación por el juicio de sus botellas robadas; pero en el año 2014 también fue noticia por un juicio en los tribunales. En el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres se sentaron en el banquillo el arquitecto del Hotel, el premiado Emilio Tuñón, junto al director de la ejecución de la construcción del Hotel y dos jefes de obras. Se les acusó de haber causado daños en el Palacio de los Golfines de Arriba, monumento nacional desde 1978, al utilizar un martillo percutor para destruir una gran roca que apareció al hacer un sótano. La Fiscalía había pedido para cada uno de los acusados un año y medio de prisión, una multa de 36.500 euros para el arquitecto y 18.250 euros para cada uno de los tres técnicos, así como reparar los daños del palacio, que los dueños valoraban en 39.195 euros. Al final, los cuatro fueron absueltos.