La Junta declara de interés regional la mina de litio de Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en su reunión de este martes conceder la declaración de Proyecto empresarial de interés autonómico (Premia) a la iniciativa presentada por Infinity Lithium, por medio de su filial Castilla Mining, para la explotación de la mina de litio de Valdeflores en Cáceres y su primera transformación industrial.

El consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista (quien compareció por ausencia de la portavoz y consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, de viaje en Estados Unidos), explicó que la empresa plantea una inversión de más de 1.430 millones de euros y la creación de más de 700 puestos de trabajo.

Su objetivo es tratar dos millones de toneladas de litio al año para conseguir un total de 33.300 toneladas anuales de productos terminados, en concreto hidróxido de litio en grado batería.

Los denominados Premia fueron creados en la pasada legislatura con el objetivo de incentivar proyectos empresariales de impacto significativo. En el caso se nuevas empresas, se exige la creación de 40 puestos de trabajo o un volumen de inversión inicial de al menos 6 millones de euros.

La calificación como Premia corresponde al Consejo de Gobierno previa solicitud del interesado. La normativa autonómica señala que esto implica tener carácter prioritario y urgente para toda la administración autonómica, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Asimismo, conlleva su declaración de utilidad pública o interés social, así como la declaración de urgencia para la ocupación de los bienes afectados en casos de expropiación forzosa.

También permite establecer o ampliar servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transporte y distribución de energía y canalizaciones, como fibra óptica, agua, gas y vertidos. Asimismo, abre la puerta a la concesión de forma directa de subvenciones para la contratación de personal y para acciones formativas de los trabajadores vinculados al proyecto.

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La legislación también contempla que la licencia urbanística o la licencia de obras, que conceden los ayuntamientos, puede ser sustituida por un trámite de consulta, aunque esta ventaja se vetó expresamente para concesiones de explotación de litio. La explotación de este material es la única actividad que puede ser calificada como Premia dentro del sector de la minería.

Bautista señaló que la declaración como Premia de la mina de Cáceres no implica la aprobación definitiva del proyecto. «Hay que tramitar todo el proceso», señaló, lo que incluye la tramitación ambiental.

De esa forma, el Gobierno regional sólo se compromete a agilizar los pasos administrativos y a facilitar las expropiaciones, aunque ha recalcado que la empresa ya dispone del 80% del suelo necesario para la explotación. Además, abre la puerta a conceder ayudas al empleo, pero sólo en caso de que la iniciativa salga adelante.

La declaración como Premia del proyecto minero de Cáceres es posible gracias al decreto-ley sobre el aprovechamiento del litio en Extremadura que aprobó la Junta en 2022. La figura de proyecto empresarial de interés autónomico se creó en 2020, pero quedaron fuera algunos sectores, entre ellos el energético y el minero. Lo que hizo el decreto del litio de 2022 fue, entre otras cosas, permitir que los proyectos extractivos relacionados con esa materia prima sí pudieran recibir la declaración con Premia, con todas las ventajas que eso supone.

Uno de esos beneficios era que dejaba de ser necesaria la licencia municipal para que las minas de litio salieran adelante, lo cual obligó a la Junta a tramitar un cambio urgente en la normativa que regula los Premia para que, en el caso concreto de los proyectos mineros vinculados al litio, se siquiera necesitando la autorización expresa de los ayuntamientos.

La empresa registro la semana pasada en la Junta el proyecto de explotación de la mina y de la planta de procesado, así como el estudio de impacto ambiental. Ahora tendrán que salir a información pública y se abrirá un plazo de alegaciones.