Abren diligencias al presidente de la Diputación por la retirada de cruces de los caídos

El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Cáceres ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Carlos Carlos, y ha abierto diligencias por la retirada de las cruces de los caídos en los municipios cacereños.

El juzgado ha solicitado a la institución provincial las actuaciones promovidas por el Comité de Expertos de la Memoria Histórica creado por la Diputación para asesorar a los municipios de la provincia en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en el año 2007.

Esta comisión, que dirige Julián Chaves, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, ha contabilizado un total de 233 vestigios franquistas en la provincia, de los que 34 son cruces.

En la querella presentada por Abogados Cristianos el colectivo acusa a Carlos Carlos de un delito de prevaricación con el agravante de discriminación y otro delito de odio. La organización de juristas mantiene que desde la Diputación «se está presionando a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios». Esta presión, argumenta, «se lleva a cabo al vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada».

Este diario se puso ayer en contacto con la institución provincial, que declinó hacer declaraciones sobre este asunto. Mientras tanto, Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, pide que se paralicen las actuaciones proyectadas, «ya que el responsable está siendo investigado por este motivo».

Una de las actuaciones más inminentes en torno a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica tendrá lugar en Casar de Cáceres. Esta localidad trasladará su cruz, que se encuentra en una pequeña plazoleta situada al inicio de la calle Larga Alta, hasta el cementerio de la localidad. Su alcalde, Rafael Pacheco, avanza que será «en los próximos días», sin precisar la fecha exacta porque la intervención depende de la disponibilidad de la brigada de obras.

Abogados Cristianos también ha solicitado por la vía penal medidas cautelares para frenar este cambio de ubicación. Sin embargo, según explica el alcalde de la localidad, esta petición ha sido denegada y Casar tiene «vía libre» para ejecutarlo.

La Diputación contrató a una empresa para que 'peinara' los municipios e identificara todos los símbolos franquistas que queden. El resultado del trabajo se ha plasmado en un estudio que se ha facilitado al Comité de Expertos. Con los datos en su poder, esta comisión ha enviado cartas a las localidades con las recomendaciones que deben seguir: resignificar las placas de las cruces en el caso de que estén dedicadas a las víctimas de un solo bando y cambiarlas de ubicación.