Lamentan que el dinero prime en la ampliación del aparcamiento del parque del Príncipe

El movimiento ciudadano valora como «decepcionante y clarificadora» la decisión del actual Gobierno municipal de llevar a cabo las obras de ampliación. El pasado martes, el alcalde Rafael Mateos anunció que el proyecto sigue adelante para no perder la subvención y reconoció que el actual equipo no comparte la actuación, planificada por el anterior Ejecutivo local.

El colectivo recuerda en una nota que la obra se planificó por la anterior corporación municipal con el fin de optar a las ayudas europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para «crear una ciudad más saludable, libre de contaminación y ruidos».

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Ahora, «el actual Gobierno municipal está siendo el ejecutor de dicho proyecto, pese a que no comparten ni su planificación ni el hecho de eliminar una zona verde para llevarlo a cabo» y «debido a que las actuaciones no se justificaban por funcionalidad, razones ambientales ni de ubicación, una creciente oposición ciudadana se opone a ello».

Ante este rechazo, Mateos anunció la intención de rescindir el contrato porque no compartían la creación de aparcamientos «con merma de zonas verdes de nuestra ciudad», aunque siempre que no perdieran el dinero de la subvención.

Por su parte, recuerda el colectivo, el concejal del PSOE, Andrés Licerán, «no tardó en criticar esta decisión que ponía en riesgo el casi millón de euros de los fondos de recuperación, haciendo alusiones a la gratuidad o no para aparcar».

«Sea como fuere, ambos políticos se han agarrado finalmente al argumento económico para defender la creación del nuevo párking», asegura la asociación, que ha lamentado que ambos partidos hayan definido «claramente sus prioridades» al sostener el argumento del dinero ante una obra que «tiene repercusiones directas sobre los vecinos de una ciudad y sus zonas verdes».

«Ni la posibilidad de perder la subvención por incumplir las características de las actuaciones financiables ni el hecho de contravenir la normativa urbanística frenan a unos gestores cuyo propósito es no dejar escapar el dinero, esté o no bien gestionado», ha criticado la asociación.

El movimiento ciudadano, que ya ha presentado casi 1.200 firmas de oposición, centra su rechazo en la «ilegalidad» del proyecto, además de en una «deficiente planificación» al proyectarse en una zona verde.