Llega a los tribunales el primer litigio por un alojamiento multado con 6.000 euros

Alquilar una vivienda sin tenerla legalizada empieza a pasar factura dentro del mercado turístico de la provincia. El dueño de un inmueble de Cañaveral (a unos 40 kilómetros de Cáceres) se enfrenta a un juicio para evitar la sanción de 6.000 euros impuesta por la Junta por funcionar sin inscribirse en el Registro Regional de Actividades Turísticas. El primer recurso a la sanción fue desestimado por considerar que la actividad que se hacía al alquilar esta casa, una vivienda familiar desocupada, era profesional. La legislación marca que cuando se inicia este tipo de actividad hay que presentar una declaración responsable por la que la persona realiza una actividad «profesional y habitual».

El próximo 6 de noviembre se celebrará el juicio en el que se pretende demostrar que el alquiler de esta casa no hace «de manera habitual», sino puntualmente, tal y como explica el abogado que lleva este caso, Daniel López Vivas, que se tramita en el juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo.

López Vivas asegura que su cliente no se dedica profesionalmente a la hostelería, que tiene un empleo y defiende la «no ilegalidad» de este alojamiento. La base de su defensa se centra en que este tipo de oferta turística orientada al alquiler entre particulares y que no supone una actividad económica permanente, no tiene cabida en el Registro Regional de Actividades Turísticas.

El dueño de esta casa la tiene ofertada en Internet, en un portal que no exige como condición para su publicación que los alojamientos cuenten con número de registro. Tal y como precisa López Vivas, no es la publicidad ni la publicación en Internet lo que ha generado la sanción a su cliente, sino el hecho de que su actividad no esté dentro de ese listado oficial. La red se ha convertido en una herramienta de primer orden para dar publicidad a estos recursos turísticos.

López Vivas argumentará en el juicio que el propio director general de Turismo, Francisco Martín, ha hecho declaraciones en medios de comunicación este verano en donde reconoce que situaciones como las de su cliente no están aún legisladas.

La Junta de Extremadura mantiene que se ha intensificado la labor inspectora para sacar a la luz los alojamientos turísticos inmersos en esa nebulosa de la economía colaborativa. Además de este establecimiento en Cañaveral, otro en la Sierra de Gata se enfrenta también a una sanción de 6.000 euros, tal y como se informa desde la Dirección General de Turismo.

Se está trabajando para que la Ley de desarrollo y modernización del turismo en Extremadura aborde cómo acotar la libertad con la que desde Internet se ofrecen alojamientos sin tener en cuenta si estos forman parte del registro regional. La reforma de esta ley de 2011 obligaría a todos los que comercialicen con su viviendas en portales de Internet a que se identifiquen, para evitar la competencia desleal y también que los clientes no cuenten con las garantías de seguridad necesarias.

En esta labor inspectora que lleva a cabo la Dirección General de Turismo, centrada en las grandes ciudades, se está requiriendo la labor de las policías locales para inspeccionar posibles alojamientos fraudulentos. Antes de proceder a una sanción se avisa al propietario para darle la oportunidad de que legalice la situación.