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«Creemos que además de la directora, hay otros docentes que han maltratado a mi hija», afirma Ana Belén Salas.
Su abogado, Ángel Luis Aparicio, adelanta al Diario HOY que va a pedir al juzgado que investiga el caso, al número 7 de Cáceres, que además de tener como investigada la directora del centro de enseñanza cacereño, se investigue a varios educadores que aseguran que también han agredido a la niña o le han dado un trato degradante. «Con base a las últimas pruebas practicadas en el Juzgado -dice Aparicio-, vamos a pedir que se cite a declarar a esos docentes en calidad de investigados».
Entre las pruebas que señala el abogado se encuentra la declaración de dos cuidadoras en prácticas. Una de ellas, que estuvo en el colegio en el año 2014, afirmó que dos profesores y una cuidadora tiraron al suelo a la niña y le pisaron el pelo, mientras que la otra testigo, que estuvo en prácticas en el año 2017, aseguró que vio a la directora tirando del pelo a la menor.
Ana Belén Salas recalca que ella no tiene nada contra el Colegio Público Ribera del Marco (antes San Francisco), «sí tengo contra los docentes que han maltratado a mi niña, pero también iría contra ellos si fueran médicos o enfermeras».
Ella denunció primero a la directora del colegio, después de que los días 2, 3 y 4 de mayo pusiera una grabadora en la mochila de la hija, y escuchara frases de la directora, que para la madre y su abogado son pruebas contundentes de agresiones. Una de las frases más comprometedoras es una en la que la directora dice que le había tenido que pegar porque le ponía nerviosa. La directora declaró que no le habían pegado y que todo fue un juego, diciendo lo mismo otros cinco docentes.
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Desde entonces la niña no ha vuelto al colegio y la Junta de Extremadura apartó del mismo a la directora, que sigue cobrando su sueldo. Sobre la escolarización de la niña, que acaba de cumplir 14 años, la madre asegura que han decidido que aún no vaya al colegio. «Tenemos el permiso del secretario de Educación de la Junta para que por ahora esté escolarizada en casa. Mi hija lo que necesita ahora es terapia, y usaremos la ayuda que nos da la Junta de 300 euros mensuales, para contratar a una terapeuta, teniendo que pagar nosotros el dinero hasta su sueldo de unos 1.200 euros. Esperamos que en enero o en febrero ya pueda volver al colegio. La niña ahora está mejorando poco a poco, está menos rígida. Antes, con las agresiones, estaba enfadada hasta con el aire». La Junta de Extremadura ha resuelto que la niña esté escolarizada en el centro hasta los 16 años, cuando lo habitual es que estén hasta los 14 años.
Ángel Luis Aparicio destaca de este caso que «es increíble como se aislaba a la niña del resto de alumnos, y al resto de alumnos de ella, infringiendo la normativa que indica que ella debe recibir una educación inclusiva y no exclusiva. Existen pruebas de ese aislamiento». También ve indignante el ataque que están recibiendo de cierto sector de la ciudadanía por haber denunciado este caso. «Es gente deshumanizada que quiere mostrar a la niña como violenta, como culpable de su situación, diciendo que las lesiones se las ha provocado ella. Se culpabiliza a la víctima y no a quienes le han atacado. Es como culpabilizar de una violación a la víctima por llevar minifalda». La madre recalca que se está investigando la información que se está ofreciendo en las redes sociales, ya que es información confidencial, que parece salida del entorno del centro.
«El nuestro -explica Aparicio- no es un ataque a un equipo docente, sino a un colectivo que trabajando en un aula especial para la integración de niños con diversidad, no sólo no saben ejercer su trabajo sino que lo hacen de forma violenta y degradando a una alumna con el fin de echarla del colegio. La madre lo único que hace es tratar de defender a su hija y se culpa por no haber descubierto antes lo que le pasaba a la niña. Ha sufrido agresiones salvajes que nada tienen que ver con prácticas de contenciones para reservar la integridad de la menor».
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