De Miguel acusa a la Junta de incumplir la ley en la tramitación de la mina de litio de Cáceres

La pregunta formulada por la portavoz de Unidas por Extremadura se refería a los motivos por los que la Junta ha solicitado a la empresa promotora de la mina más información sobre el proyecto, para lo cual le ha dado un plazo de seis meses. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Mercedes Morán, ha respondido que se ha hecho ese requerimiento porque «así lo han determinado los técnicos que están evaluando el proyecto», debido a que «se necesitaba más información, más documentación para valorar y seguir tramitando». Ha detallado que «el requerimiento se ha hecho para mejorar el proyecto de explotación, para el proyecto de la planta de beneficio, para el estudio ambiental y para las infraestructuras de gas y de luz», así como para que «esa solvencia económica quede bien acreditada, y para »el plan de financiación del propio proyecto«.

En la formulación de su pregunta, Irene de Miguel ha señalado que «han tenido que salir más de 8.000 personas a las calles cacereñas negándose a la apertura de la mina de litio» para que la Junta de Extremadura empiece «a hacer las cosas bien por una vez y dejar de ponerle alfombra roja a estas empresas extractivistas y especuladoras» con los recursos de la región.

Ha asegurado además que el hecho de que la Junta haya solicitado «ahora» más documentación a la promotora, le «ha generado muchas alarmas», a Unidas por Extremadura, ya que el Ejecutivo regional tramitó un permiso de explotación directa «sin garantías de solvencia económica necesaria para llevarla a cabo».

«¿No le parece esto una tremenda irresponsabilidad, que sin solvencia económica demostrada no se debería ni siquiera de haber tramitado esa solicitud?», ha preguntado Irene de Miguel a la consejera de Agricultura, a quien ha recordado que así lo recoge la Ley de Minas, que «está ya obsoleta».

Con esta actuación, la Junta de Extremadura está «demostrando la manera negligente con la que han gestionado este tema», ha criticado la presidenta de Unidas por Extremadura, quien ha preguntado a la consejera por qué han dado a la empresa un plazo de seis meses para entregar la documentación que se necesita, cuando según la Ley de Procedimiento Administrativo, «son diez días para subsanaciones», ha apuntado.

A su juicio, se trata de «un doble rasero bastante curioso el que se tiene con esta empresa», que «además ha demostrado en demasiadas ocasiones su falta de seriedad y de solvencia», ha criticado Irene de Miguel, quien ha considerado que esta forma de actuar demuestra «el coladero absoluto que están suponiendo los proyectos Premia».

Unos proyectos «a los que se les va a dar subvenciones directas al empleo, que van a agilizar los trámites administrativos un 50% y que resulta que se pueden denominar Premia sin tener siquiera solvencia económica demostrada», ha relatado Irene de Miguel, quien ha criticado que la Junta de Extremadura «se han dado mucha prisa en denominar Premia este proyecto», sobre el que la empresa «debería haber presentado mucha más documentación».

Esta documentación, ha dicho, «es vital para poder evaluar convenientemente una actividad que lleva consigo mucho conflicto social por sus repercusiones ambientales, sociales, económicas y también para la salud de los vecinos», ha considerado Irene de Miguel, quien ha añadido que el plan económico que ha presentado la promotora «no se sostiene porque es irreal, con unos datos muy pocos precisos».

Por todo ello, la presidenta de Unidas por Extremadura ha reclamado a Morán «luz y taquígrafos» sobre este proyecto, aunque ha lamentado que «poco a poco» van «descubriendo cómo actúa el bipartidismo ante los poderes coloniales que quieren seguir empobreciendo y esquilmando» la región, ha concluido.

En su respuesta, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha lamentado que la política de Unidas por Extremadura sea «estar contra total, y contra el desarrollo», tras lo que ha aseverado que en el caso de este proyecto, «no se trata de estar ni a favor ni en contra», sino de «estar con la ley y con la seguridad jurídica. Y eso es lo que estamos haciendo desde este Gobierno».

Morán ha explicado que el personal técnico que está estudiando este proyecto ha determinado que se necesitaba más documentación «dentro de un procedimiento administrativo normal», y con el objetivo de «garantizar la salud pública, el cuidado del medio ambiente, la solvencia económica del proyecto y de la empresa», que es «lo normal, dentro de la ley».

Finalmente, la consejera extremeña ha concluido reafirmado el objetivo del Gobierno regional de «procurar que vengan proyectos a asentarse en Extremadura», pero que sean «proyectos que cumplan con toda la legalidad», ya que «esto ya no va de que a la Junta le guste o no le guste un proyecto, y mucho menos que le guste o no le guste a Unidas por Extremadura», sino que «esto va de ofrecer seguridad jurídica a las empresas y garantías a los ciudadanos», ha concluido.