Nueve trabajadoras de la empresa Sánchez Cortés reclaman en el juzgado de Cáceres que les rescindan sus contratos

La abogada María José Iglesias, que representa a ocho de estas nueve trabajadoras (otra ha confiado el caso al letrado Florencio Quirós Rosado) alega para justificar esta solicitid que existen retrasos continuados en el cobro de las nóminas de estas empleadas y que es «una práctica habitual». Según se indica en la demanda judicial, «lo normal es que en vez de abonárseles el salario al final de mes corriente se les abone al menos con dos meses de retraso y no siempre el salario completo, sino que se que se van abonando cantidades a cuenta». La situación, argumenta Iglesias, ya se daba antes de la pandemia y hace que para muchas empleadas «sea difícil llegar a fin de mes» y afrontar el pago de bienes de primera necesidad. En el Estatuto de los Trabajadores se reconoce «el derecho del trabajador a recibir puntualmente su remuneración fijada y a la extinción del contrato de forma voluntaria por el trabajador que se vea perjudicado a tal extremo».

Las ocho representadas de Iglesias son mujeres de mediana edad con una antigüedad en la empresa de entre 13 y 30 años. La mayoría de las trabajadoras que figuran en la demanda todavía desempeñan sus puestos de trabajo en las cinco tiendas de la ciudad que están en funcionamiento. Una de ellas se encuentra en ERTE, pero solicita también la resolución de su contrato por sufrir los mismos retrasos en el pago de sus nóminas. Según afirma la abogada, la empresa pagó las deudas derivadas de las nóminas atrasadas de dos meses pocos días antes del acto de conciliación, donde se solicitaba la resolución de los contratos de estas trabajadoras. La representante de la parte demandada se opuso a la propuesta «sin detallar las razones». El motivo de que la empresa cubriera las deudas era, opina Iglesias, acudir ante la UMAC (Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación) sin rémoras económicas.

La demanda en el Juzgado de lo Social recoge además que tras este acto de conciliación se produjo «una represalia» contra una encargada que fue relevada de su cargo y obligada a trabajar los domingos, algo que nunca había hecho.

En la demanda se reclaman además otras cantidades que, según las trabajadoras, se derivan de que «la empresa no computa bien ni la antigüedad ni las pagas extraordinarias», lo que a su parecer hace que cobren menos de lo que les corresponde.

La abogada indica que las trabajadoras viene apreciendo desde hace meses una falta de mercancía en las tiendas, lo cual imposibilita que pueda ofrecerse «la oferta básica», lo que en su opinión genera una pérdida de volumen de negocio. Temen además, indica Iglesias, que una posible jubilación del dueño de la empresa suponga el cierre de todos los establecimientos.

El abogado de la empresa, Raúl Fuentes, aseguró en una información publicada el 24 de noviembre en HOY que la situación de Sánchez Cortés, que actualmente cuenta con 45 empleados, es «salvable». Este diario solicitó ayer al letrado de la empresa su postura sobre la demanda de las nueve trabajadoras, sin obtener respuesta.