La obra de la muralla de Cáceres sigue estancada un año después de la orden de su reinicio

Pero la realidad es que un año y un mes después los trabajos siguen sin empezar. ¿El motivo? El tema está judicializado por el desencuentro surgido entre el Ayuntamiento, institución promotora de la intervención, y la empresa adjudicataria de la misma, la firma vallisoletana Cabero Edificaciones. Desde ambas partes confirman a este diario que están pendientes de que el juez adopte una decisión y diga cómo se debe continuar.

Para entender lo que ocurre con esta obra hay que retrotraerse en el tiempo. Octubre de 2022. Ese mes, todavía con Luis Salaya como alcalde, dieron comienzo los trabajos, que tienen entre sus principales objetivos hacer nuevos tramos del lienzo accesibles. En concreto, los trabajos se focalizan en el tramo de la Torre Redonda (junto al restaurante Nolasco, a escasos metros de Puerta de Mérida) y la Torre del Aver en el adarve del Padre Rosalío (frente a la fachada trasera del Palacio de los Golfines de Arriba).

Ya en el momento del comienzo de la rehabilitación había un conflicto abierto. En este caso, era entre la institución municipal y el gobierno central a cuenta de la financiación de los trabajos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reclamó la devolución de la subvención concedida (844.000 euros) debido a varias modificaciones introducidas en el proyecto original, como la supresión de la instalación de un ascensor en el adarve del Padre Rosalío.

Con este enfrentamiento abierto se dio el pistoletazo de salida a las actuaciones. La empresa Cabero se convirtió en la adjudicataria de los trabajos por 1.017.000 euros. Pero apenas tres meses después, en enero de 2023, el Ayuntamiento de Cáceres ordenó paralizar la obra tras la retirada del dinero por parte del Ministerio de Fomento.

Para entonces, habían surgido otro tipo de problemas durante la realización de los trabajos. Por un lado, una primera interrupción de la obra motivada por la negativa de unos residentes a la entrada de los operarios en su vivienda para montar andamios en un patio particular.

A este hecho se sumó la queja de los vecinos por la inseguridad que sufrían después de que un varón, que fue detenido por la Policía Local y la Nacional, intentara entrar en algunas casas aprovechando la estructura colocada para la realización de las obras. Y, además, el Ayuntamiento mantenía un litigio abierto con una vecina por el uso de la Torre Redonda –una de las dos que se hará accesible–. La residente que hasta ahora accedía desde su casa, de manera exclusiva, a la torre y al tramo de muralla que llevaba hasta ella puso el caso en manos de la justicia amparándose en un título que conservaba y que, según su versión, la convertía en propietaria. El Ayuntamiento, mientras tanto, defendía que es un bien de dominio público.

En febrero de 2023 la Audiencia Provincial confirmó la resolución previa del juzgado número 3 de Cáceres, según la cual la Torre Redonda y la muralla anexa son de propiedad municipal. El fallo, no obstante, no era firme y cabía recurso ante el Tribunal Supremo.

Llegó el mes de julio y Mateos anunció la reanudación de las obras interrumpidas en enero. Los trabajos, avanzó, se ejecutarían con fondos propios. En concreto, con cargo al remanente de 2022. Pero estas obras no se han llegado a retomar. En el mes de agosto la empresa adjudicataria presentó un escrito en el que comunicaba que renunciaba al contrato, según informó la entonces concejala de Patrimonio Histórico, Raquel Preciados.

Tres meses después, el administrador único de la empresa, Javier Cabero, justificó en declaraciones a este diario que su renuncia se basaba en la dejadez del Ayuntamiento: la paralización de la obra durante más de ocho meses consecutivos y la falta de certificación y pago durante más de seis meses. Pero el Consistorio no admitió los argumentos de la empresa y le instó a reanudar los trabajos.

A finales de año trascendió que Cabero había interpuesto un recurso contra el Ayuntamiento para reclamar ante la justicia la resolución del contrato. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres admitió el recurso de la empresa. Y ahora ambas partes están pendientes de que la justicia hable.