Las ocupaciones ilegales no llegan al medio centenar en el último año en Cáceres

Los detalles los ha dado a conocer el Gobierno central en su respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo parlamentario popular en el Congreso. Los diputados del PP se interesaban por el número de casos de okupaciones en Cáceres, según las intervenciones realizadas por las fuerzas de seguridad.

En la respuesta del Ejecutivo se precisa que este tipo de delitos está cayendo. En 2022 casi un tres por ciento a nivel nacional, una «tendencia descendente –añade– que ha continuado en 2023, en el que se ha producido un descenso del 8,8 por ciento con respecto a los datos del año anterior».

Si se extrapola a la provincia cacereña, se observa que esa bajada es aún superior, en porcentaje. Las 11 okupaciones menos de un ejercicio a otro suponen un 19 por ciento.

Se trata de hechos conocidos «por allanamiento y de usurpación de inmuebles» de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales que se trasladan al Ministerio del Interior. La ocupación ilegal puede ser mediante allanamiento de morada, un delito recogido en el artículo 202 del Código Penal, o por usurpación de inmuebles, ya sea con violencia o no. En este caso se aplica el artículo 245.

Los primeros tienen que ver con lugares considerados como vivienda, en los que se reside de forma habitual. A su vez, la ocupación también incluye inmuebles que pueden no ser residencia habitual, edificios en desuso, vacíos o abandonados, por ejemplo.

En Cáceres han sido noticia en las últimas semanas tanto el problema de la vivienda como el de las okupaciones. El ejemplo más reciente es el del llamado centro social autogestionado La Muela. Un grupo de personas se instaló en una nave abandonada de la Ribera del Marco y el Ayuntamiento, tras rechazar las alegaciones, aprobó en pleno hace unos días su desalojo. Se les ha dado un mes para salir. Se cuenta con un informe de la Policía Local y se toma en consideración que se trata de un inmueble de propiedad municipal. No se valoran ni los fines sociales de la ocupación de la nave, ni que se hayan organizado allí cientos de actividades para fomentar el diálogo, la convivencia, la cultura o el apoyo mutuo.

«La Muela está lejos de ser la caricatura de los okupas que los medios se encargan de difundir, criminalizando y generando alarma social a través del miedo», han proclamado los interesados.

Cada situación es diferente y el problema de las ocupaciones ilegales se vincula a otro que también es actualidad, la dificultad para acceder a la vivienda y la subida del precio de los alquileres. En el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Cáceres aluden a que mientras los datos de las ocupaciones ilegales aún no hablan de una situación preocupante, sí lo empieza a ser otro fenómeno asociado, el de los 'inquiokupas'.

«Alguien acaba su contrato, el propietario decide recuperar su vivienda y no puede acceder a ella porque la persona que está de alquiler decide quedarse. ¿Qué ocurre? Pues que empieza un calvario, porque la salida es acudir a la vía judicial y es un proceso largo, costoso y farragoso», opina Francisco Marroquín, presidente del Coapi de Cáceres. Su visión es que frente a esto, las okupaciones ilegales de vivienda no son aún reflejo de una situación «inquietante». «Puede haber un problema en ciernes, pero ahora mismo no es un fenómeno que alarme en la provincia», subraya.

En la capital, la situación más delicada se da en Aldea Moret. Hay ejemplos concretos y se han venido repitiendo en los bloques sociales. Uno de ellos es el número 8 de la calle Río Tíber. La Policía ya tuvo que intervenir en abril. Se trata de un edificio de viviendas municipales. Muchas de ellas han sido ocupadas de manera irregular. «El problema es que esto se permite. Si son ilegales, ¿por qué no los echan? Esto se agrava», contaba a HOY una afectada. Un informe del IMAS asumía ya en 2019 el elevado número de inmuebles okupados en esta barriada. En otro documento reciente, el Ayuntamiento recogía 36. El parque municipal de viviendas para personas con menos recursos suma más de 400 inmuebles.

«No estamos parados. Cada caso se documenta y se intenta solucionar. Si la ocupación se considera ilegal, se tramita por la vía judicial», han reconocido fuentes municipales. La inquilina de uno de estos bloques, el número 2, lo ve muy distinto. «Nos está afectando en todo, en la convivencia, en el mantenimiento. Los okupas no pagan comunidad, gastan agua, dejan las luces encendidas, llaman a los telefonillos a cualquier hora, hacen ruido de madrugada...», resume. «Nos hacen la vida imposible», lamenta a la vez que pide mantener el anonimato por miedo a represalias.

La respuesta del Gobierno central a la pregunta parlamentaria deja de relieve que en los últimos años bajan las okupaciones. Ello es así, en el caso de Cáceres si se toman la referencia de los dos últimos años. Si se echa la vista más atrás, ya con datos oficiales de Interior, se observa un incremento notable. El pico se produjo en 2022 con esos 57 casos. En 2021 fueron 42 y un año antes, en 2020, eran 23. Es decir, en tres años, de 2020 a 2023, se han duplicado las okupaciones en la provincia. En el mismo periodo, a nivel nacional han subido un 3,3 por ciento, 497 casos más para llegar a 15.289. Eso sí, las okupaciones en Cáceres solo suponen un 0,3 por ciento de las que se producen en España.