El TSJ paraliza las macroplantas fotovoltaicas en la zona protegida de Los Llanos de Cáceres

En un auto del pasado martes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) ha paralizado de forma cautelar los procedimientos administrativos de autorización de plantas fotovoltaicas en la zona protegida ZEPA de Los Llanos de Cáceres. El caso se mantiene abierto ante el Tribunal Supremo (TS), que, según trascendió el pasado junio, había admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, la Junta de Extremadura y la empresa Iberdrola en relación a un fallo anterior. Se trata de una sentencia del propio TSJ de Extremadura que en diciembre de 2021 anuló la modificación del Plan General Municipal (PGM) de Cáceres para permitir la instalación de plantas en la zona de los Llanos. El alto tribunal extremeño no consideró viable que la modificación del ordenamiento urbanístico se llevase a cabo sobre la base de los intereses de una mercantil que no acreditó que hubiese interés general en esos cambios. Se aludía a la protección del medio ambiente y el principio de no regresión en un fallo que no vio justificado el cambio de la normativa simplemente para facilitar la puesta en servicio de una central como la de los Arenales.

La asociación conservacionista Adenex había presentado un recurso sobre dicho cambio urbanístico. Tras la primera sentencia, su portavoz, Antonio Díaz, reseñó que la misma venía a «poner coto» a la instalación de las plantas solares «sin el menor reparo» en suelo protegido. El Ayuntamiento ha defendido el cambio del PGM como una vía de generar ingresos, riqueza para el municipio y creación de puestos de trabajo.

Ahora, el propio TSJ, en su auto del día 20, acuerda la ejecución provisional de la sentencia que anulaba la modificación del plan de urbanismo de Cáceres y lo hace como una medida cautelar. Ese cambio regulaba la construcción de centrales fotovoltaicas en suelo no urbanizable de protección los Llanos. El asunto deberá resolverlo definitivamente el Tribunal Supremo. De momento, se paralizan los proyectos en marcha tras acordar el TSJ la «suspensión de los procedimientos de autorización para la instalación de plantas para la producción de energía solar fotovoltaica que tengan cobertura en la Resolución de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, de fecha 1 de diciembre de 2020, relativa a la modificación puntual del Plan General Municipal de Cáceres para regular la instalación de plantas para la producción de energía solar fotovoltaica en parte del Suelo No Urbanizable de Protección de Llanos (SNUP-LL)». Asimismo, «se establecen medidas de protección para el casco urbano respecto de estas instalaciones, protegiendo su perímetro de crecimiento», se destaca.

Lo que pretende el auto es «evitar el inicio y ejecución de plantas solares que no resultaría compatibles con la anulación de la modificación puntual del PGM de Cáceres». De esta manera se consigue que no se consoliden construcciones ilegales o que deban ser derribadas posteriormente en caso de un fallo contrario del Supremo. Adenex hasta ahora se había pronunciado en esta misma línea, más para evitar la proliferación de macroplantas en suelo protegido que para detener la actividad en la central de los Arenales.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha reaccionado al auto del TSJ asegurando que "desde que se dictó sentencia ya veníamos actuando de esta forma que ahora se dicta en el auto: no concediendo nuevas licencias para la ejecución de plantas fotovoltaicas amparadas en la modificación pero sí tramitando las solicitudes y realizando informes de compatibilidad, informando de la situación jurídica y condicionando la licencia a la resolución del recurso de casación".

Por tanto, Salaya ha señalado que el Ayuntamiento ya venía adoptando estas medidas cautelares "para salvaguardar la seguridad de las actuaciones a realizar, las inversiones y el patrimonio municipal".

"En consecuencia, este auto no afecta a ninguna intervención", ha incidido el regidor municipal, quien señala que "hay diferentes proyectos en tramitación, para presentarse al próximo concurso, que sí están afectados por la modificación y cuyo futuro desarrollo dependerá de la decisión final del Tribunal, como ya sabíamos desde que se dictó la sentencia".

"Era una cuestión que teníamos prevista que pudiera suceder cuando salió la sentencia, y nos adaptamos a ella por lo que el auto no afecta a ninguna intervención porque hemos sido prudentes y hemos actuado así desde el principio, no otorgando nuevas licencias pero avanzando en la tramitación de futuras licencias que se otorgarán definitivamente si el Tribunal Supremo nos da la razón", ha aseverado Salaya.

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