El plan de gestión blindará una zona de 70 hectáreas sobre el casco viejo

Manuel M. Núñez

Cáceres

Viernes, 14 de julio 2017, 08:28

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El plan de gestión de la ciudad vieja de Cáceres contempla un área blindada con una protección especial y que tiene las dimensiones de 70 campos de fútbol. Suma las nueve hectáreas de la ciudad monumental cacereña y una zona adicional llamada 'de amortiguamiento' de otras 60,63 hectáreas. Se corresponde con el ámbito territorial del actual Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico.

Ese documento, el Plan Especial, se aprobó en 1990 y, como ha venido recordando el grupo municipal de Ciudadanos, se había quedado tan desfasado que «incluso se escribió a máquina». La redacción de un nuevo texto era una de las 10 condiciones que puso la formación naranja para apoyar al PP en la aprobación de los presupuestos. El plan de gestión y la revisión del plan especial se elaborarán de forma simultánea. En total, cuentan ya con una inversión de 278.300 euros. El plazo de ejecución fijado para que la empresa que se adjudique este concurso realice y entregue su trabajo es de 30 meses.

«La oportunidad de declarar una zona de amortiguamiento para el bien 'ciudad vieja de Cáceres' es totalmente positiva», incide en la memoria relativa al futuro plan de gestión el propio arquitecto municipal. Resalta el objetivo final de «reforzar la protección» del conjunto histórico. No solo sería desde el punto de vista urbanístico que ya tienen la ciudad monumental y su entorno, sino además «un reconocimiento y protección patrimonial por la Unesco, motivados por los propios valores que se encuentran en la zona de amortiguamiento», se remarca. Una 'zona de amortiguamiento' o 'zona tampón' es un recurso que utiliza la Unesco para definir un área de protección, normalmente alrededor de monumentos distinguidos como Patrimonio de la Humanidad. Cáceres tiene esa distinción desde 1986. Los expertos urbanistas apuntan a que se trata de una figura para preservar valores universales excepcionales de un cierto bien en el que se prioriza entorno, vistas... Se amplía el radio de acción más allá del propio bien patrimonial para abortar posibles amenazas. Es decir, se habilita un segundo perímetro de influencia.

En el caso de Cáceres, «el conjunto del bien Patrimonio Mundial -se afirma en el pliego técnico del concurso- y su zona de amortiguamiento tienen un total de 69,63 hectáreas». Sin embargo, matiza que se puede ampliar con otras que se considere oportuno incluir «justificadamente por coherencia», así como los nuevos límites que pueda establecer la revisión que se propone del plan especial. El documento vigente en la actualidad afecta a más de 1.800 inmuebles.

«La elaboración de un plan de gestión es una obligación que impone la Unesco a todas las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Es inexplicable que Cáceres haya tardado más de tres décadas en elaborar el suyo», analiza un destacado arquitecto, especialista en esta materia y con amplia experiencia.

El plan plantea que el casco histórico «no sufra alteraciones en su entorno físico» que influyan de forma negativa. También propone su revitalización «mediante la rehabilitación de las edificaciones existentes».

Además, tras unas primeras fases de información, análisis y diagnóstico habrá un proceso de participación con aportaciones ciudadanas que se tendrán en cuenta antes de la tramitación administrativa.

La primera fase de introducción e información estará en seis meses y el borrador de la revisión del plan especial renovado tendrá nueve meses más. El plazo total es de 30 meses hasta la publicación definitiva. El coste del plan de gestión se eleva a a 50.000 euros.

El plan especial, 180.000. El IVA llega a 58.300 euros. Una inversión global de 278.300 euros para un concurso abierto al que las empresas podrán presentar sus propuestas en el Ayuntamiento hasta el día 21 de agosto.

euros se destinan ala redacción del documento de revisión del Plan Especial y del Plan de Gestión del casco histórico. El abono de los trabajos se realiza en siete fases de desarrollo: introducción, fase 1 (1 mes), borrador (5), aprobación inicial (9), alegaciones (9), aprobación definitiva y publicación en el SIG. Son 30 meses para su ejecución.