![Manifestantes a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres.](https://s3.ppllstatics.com/hoy/www/multimedia/2024/10/17/muela-RTD1pBZrZ0RdkGP7j7a0QuO-758x531@Hoy.jpg)
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Las personas que se han instalado en un inmueble de propiedad municipal en la Ribera del Marco para constituir el llamado centro social autogestionado La Muela deberán desalojarlo. El pleno municipal ha certificado esta mañana la decisión con los votos a favor del PP ... y Vox. Las alegaciones que presentó un particular en defensa de la actividad que se viene desarrollando en esa nave de la calle Juventud ya habían sido desestimadas, aunque los afectados han pedido la palabra en el turno de intervenciones ciudadanas en la sesión plenaria de este jueves. El PSOE se ha abstenido y solo los dos concejales de Unidas Podemos han votado en contra.
Un grupo formado por unas 15 personas se ha manifestado a las puertas del Ayuntamiento para reivindicar el uso que se ha hecho de este local de la Ribera del Marco. 'La Muela es la casa del pueblo' o 'El techo es un derecho' son algunos de los mensajes que han lanzado ante la ante vigilancia de agentes de la Policía Nacional.
«No existe ningún tipo de proyecto municipal asociado a la finca», argumentó en sus alegaciones el particular que se cita en el expediente tramitado en el Ayuntamiento para el desalojo. La versión ofrecida es que la administración ha tenido un interés «nulo» en esa finca, que se encontraron en absoluto abandono, han rehabilitado, la han recuperado y la han convertido en eje de numerosas actividades con unos 500 asistentes.
«Hemos estado limpiando y mejorando las zonas y las edificaciones y el espacio ha pasado de ser algo parecido a un basurero a ser un espacio de desarrollo personal y colectivo», defienden los usuarios. Se refieren a un nuevo espacio en que el se practica «el apoyo mutuo y la solidaridad», lo que ha facilitado la 'recuperación' del inmueble frente a su abandono histórico. De hecho, han aportado imágenes en las que se observan los cambios.
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La posición municipal, sin embargo, es que no se puede hacer la vista gorda ante este tipo de acciones, ya que en esencia se trata de una ocupación ilegal.
«Las actividades que realizan son interesantes, han arreglado aquello y ha quedado muy bien, pero ese punto anarquista de no mover un solo papel y no presentar una solicitud de uso es difícil de gestionar», admiten en el Consistorio, que ha tenido que abordar un expediente iniciado por la Policía Local y que ya pasó por la Comisión de Urbanismo. En las conclusiones se resalta que los responsables de la ocupación deberán dejar libre el inmueble «en el plazo máximo de un mes desde la notificación del acuerdo del pleno». De esta forma, los integrantes del centro social okupa deben proceder «al inmediato desalojo del mismo». No solo deberán salir ellos sino que también tendrán que trasladar todos los enseres que han ido llevando allí en estos meses.
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