A la una y cuarto de la tarde el magistrado Joaquín González Casso, presidente del tribunal encargado de juzgar a los dos detenidos por la ... desaparición de 45 botellas del hotel-restaurante Atrio, pronunció las tres palabras que dieron por concluido el proceso: «Visto para sentencia».
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Este miércoles finalizó en la Audiencia Provincial de Cáceres uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos. En el transcurso de la jornada, en la que comparecieron cinco peritos, se aportó un dato relevante desconocido hasta el momento.
La Policía Científica encontró restos de ADN de los acusados, Constantín Gabriel Dumitru y Priscila Lara Guevara, en el baño de la habitación número 107 de Atrio, el cuarto en el que presuntamente se alojaron la noche del 26 al 27 de octubre de 2021 tras cenar en el restaurante.
Los restos hallados compatibles con los dos acusados estaban, en concreto, en la tapa del retrete. Se encontraron también restos de Priscila en el pulsador de la cisterna del inodoro. Aparecieron además restos de una tercera persona, que no se ha logrado identificar.
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Los resultados fueron desgranados en la vista por dos agentes de la unidad central de análisis científicos de la Comisaría General de Policía Científica de Madrid, que fueron los encargados de examinar los restos que les hicieron llegar los compañeros que, previamente, habían estado en el hotel y recogieron las muestras sobre el terreno cuando se produjo el robo. En total, precisaron, se recogieron un total de 31 vestigios, la mayoría de la habitación 107 y el resto, en la bodega. La Policía puntualizó, además, que las muestras de ADN coincidentes con la identidad de los acusados no son de fluidos. Se tratan, indicaron, de restos celulares.
carmen barquilla
Fiscal
sylvia córdoba
Abogada de los acusados
Rafael montes
Abogado de la aseguradora
«Ha quedado acreditado que había ADN de ellos pero eso no les sitúa necesariamente en el lugar el día de los hechos», se apresuró a aclarar la abogada de los detenidos, Sylvia Córdoba, que preguntó previamente a los agentes si las muestras de ADN ubican necesariamente a las personas en el lugar donde aparecen o pueden llegar de otra manera. «¿Se puede transportar ADN de una persona?», cuestionó.
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«En principio –respondieron los agentes– se ha producido un depósito de células en ese lugar. Puede haber sido directamente o por transferencia secundaria, que no es imposible. Sí se puede transportar el ADN, pero nosotros para poder identificar perfiles genéticos necesitamos que haya una cierta cantidad de células. Y cuando se produce el contacto directo con una superficie hay muchas más probabilidades de que haya suficiente cantidad de células para que consigamos un resultado. Pero el cómo y el cuándo han llegado esas células nosotros no podemos determinarlo», aclaró la Policía.
Además de los marcadores genéticos, también se abordaron en la sesión de ayer los informes relacionados con la tasación de los vinos y con el estudio antropométrico. Este último, que estudia la composición corporal y la identificación facial, no ha arrojado datos concluyentes debido a la mala calidad de las imágenes de las cámaras de grabación.
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El perito encargado de realizar la tasación de los vinos, Roberto Nebreda, por encargo de la compañía aseguradora Reale fue el primero en intervenir en la sesión. Durante su comparecencia, ratificó su valoración de las 45 botellas: 753.454 euros, un precio al que llegó tras asesorarse por profesionales, consultar casas de subastas y canales de distribución, expuso.
La fiscal Carmen Barquilla fue rotunda en sus conclusiones. «Ha quedado acreditado, sin dudas, que los acusados son los autores del delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público con el uso de llave magnética. Debemos señalar que en este supuesto no nos encontramos con una prueba directa de la autoría de los hechos, sino indiciaria», precisó. Mantiene la petición de cuatro años y seis meses de prisión para los acusados y rebaja la responsabilidad civil de 1,6 millones a 735.454 euros, que es la valoración actual de los vinos.
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Cinco años de cárcel pide Rafael Montes, abogado de la aseguradora Reale, que se ha personado como acusación particular. También reclama los 753.454 euros que ha tenido que pagar la compañía a Atrio por la desaparición de los caldos. «La preexistencia de las 45 botellas sustraídas ha quedado perfectamente acreditada», dijo el letrado.
Y, por último, Sylvia Córdoba solicitó al tribunal la absolución de sus defendidos y su puesta en libertad inmediata, un aspecto este último sobre el que el tribunal debe pronunciarse en breve. Solicitó además las nulidad de las pruebas. «Ha habido numerosas irregularidades», concluyó.
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