El policía investigado por filtraciones en Cáceres dice que solo recomendó posibles preguntas

Durante cerca de una hora sometió a un intenso cuestionario, «muy detallado», reconoció el letrado que representa a la que de momento, insiste, es la única persona que ha recibido una imputación. «Es el único investigado y no hay por tanto más declaraciones de investigados pendientes. Ha sido un interrogatorio muy detallado y concienzudo», incidió a la salida de la declaración Manuel Beato, letrado del agente. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) no pudieron confirmar si finalmente hay un solo investigado, y no cinco como se anunció el pasado 20 de octubre.

De momento se ha citado a declarar al agente y a un testigo, pero quedan fuera como investigados, según esa versión, los miembros del tribunal. El caso trascendió tras recibir en documento sonoro el sindicato CSIF una serie de recomendaciones sobre temas que podían entrar en el examen. La Fiscalía había presentado denuncia contra los integrantes del tribunal examinador y el profesor y agente. En su declaración, este apuntó que «nadie le dio el contenido del examen». No mantuvo contacto previo a las pruebas con ningún miembro del tribunal, afirma.

Con aspecto tranquilo abandonó poco antes de las once de la mañana el edificio judicial de la Ronda de San Francisco. Lo hizo acompañado por su abogado, con el que departió unos minutos más antes de despedirse. La cita estaba prevista para las 9.15 horas aunque se retrasó más de 30 minutos. «Lo que se ha hecho ha sido reproducir los mensajes previos al examen a los opositores. Él ha reconocido que esos mensajes existen y ha dejado claro que nadie le dio el contenido del examen, nadie se lo filtró ni tuvo ninguna conversación con los miembros del tribunal antes», remarca Beato.

Su versión es que las recomendaciones por parte de un profesor a sus alumnos son algo lógico en este tipo de convocatorias. La prueba, sostiene, de que no hubo filtración es que muchos de los asuntos que recomendó no entraron luego en el examen. «Lo que sí hizo fue una recomendación de que se estudiase un tema que entró tangencialmente en una de las preguntas. Se valoraba en 0,62 puntos. Ha explicado a la jueza que igual que recomendó ese tema, recomendó otros muchos. Decía, 'estudiad esto que va a salir, estudiad lo otro...' y luego no salieron», concluye.

Sí fue autor del audio que llegó a los sindicatos y en el que se recomendaba un aspecto concreto, pero no le parece una cuestión relevante porque esa recomendación la hizo junto a otras tantas que no se cumplieron. «El audio de la pregunta que entró en el examen lo mandó él, pero como ese mandó muchos más», refrendó ante la magistrada, según su abogado. Era una pregunta que se relaciona con «la ley de Espectáculos Públicos y la ordenanza que lo regula».

«Eso entra como una parte de la pregunta número 3. Se valoraba en 0,62 puntos. También hizo recordatorios de mirar otros temas como la entrada de menores a espectáculos públicos, actas de entrega de menores a padres... Todo aquello que se consideraba relevante lo recomendó como profesor de los alumnos», alude el abogado sobre las explicaciones del investigado en su declaración.

Se le preguntó por qué recomendó esa parte que sí entró en el examen. «Ha respondido que conoce a los miembros del tribunal, su formación y a qué se dedican profesionalmente, por eso lo normal era que preguntasen sobre esa materia. El presidente del tribunal es el responsable de espectáculos públicos (es jefe de la unidad de sanciones municipal) y consideró que podía preguntar sobre la materia que domina. Recomendó eso y otras muchas cosas», remata el abogado.

También se analizó el examen y los diversos temas que entraron. Sobre otros tantos no hizo el investigado recomendación expresa. «Si hubiera conocido el examen se puede decir que se fijó en lo menos importante. 0,60 puntos era una parte mínima. Había otras que tenían mucho más peso». Además, mencionó que es una 'pregunta tipo' de oposiciones. «Se ha revisado también si ese tema salía normalmente en otras oposiciones de Policía Local y así ha sido, en ciudades cercanas a Cáceres», afirma el letrado. Su visión es que «lo lógico es que un profesor de academia recomiende temas a sus alumnos. Era un tema que podía caer, pero es que acertó en uno».

Además de declararse ajeno a cualquier filtración, el investigado espera que «se esclarezcan los hechos tarde o temprano», afirma su abogado, que reseña la condición de único investigado. Según esto quedaría fuera el jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, que había tenido conocimiento en su día por los medios de que su nombre estaba vinculado al caso ya que no recibió ninguna notificación oficial. De hecho, sigue desarrollando con normalidad su función. El pasado fin de semana dirigió una operación en varios locales por la presencia de menores a los que se habría servido alcohol.

«Descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público», es la imputación que se hace en estos primeros pasos, tal y como se indicó en su momento desde el TSJ. De confirmarse la filtración podrían estar en riesgo los puestos de los agentes que ya tomaron posesión en una convocatoria que contó con 400 candidatos de entrada. El Código Penal contempla penas de uno a cuatro años, según la gravedad del caso.