Propietarios de Arropez, en Cáceres, solicitan legalizar casi un centenar de casas de campo

La situación puede cambiar a partir de ahora. Eso es, al menos, lo que se propone en el documento que ha entrado este martes en el Ayuntamiento, vía registro municipal, y que ha elaborado el arquitecto, Juan Antonio Álvarez. Plantea una modificación del Plan de Urbanismo (Plan General Municipal) de Cáceres. De entrada, sugiere, permitiría legalizar cerca de un centenar de edificaciones, aunque la cifra se puede ampliar a medida que avance un proceso que, admite, aún puede durar «dos o tres años».

En realidad, son dos propuestas, una para Arropé-Sur y otra para Arropé-Norte, según recoge la documentación elaborada y de la que se ha dado cuenta al Consistorio hoy mismo. El trabajo lo ha desarrollado el estudio de arquitectura Álvarez-Encinas, bajo la dirección de Juan Antonio Álvarez. Lleva a la vez casos similares como los de las viviendas en Santa Bárbara, en Plasencia, y Los Rostros, en Badajoz. Tras registrar la propuesta para cambiar el PGM, quiere reunirse con responsables del área de Urbanismo, con su concejal, José Ramón Bello, para avanzar en los detalles. «Este es el primer paso», incide.

Para hacer los cambios legales necesarios se amparan los afectados en el artículo 71 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus) «que permite la regularización y legalización de edificaciones que se han hecho en muchos años y no han conseguido ni proyecto de parcelación ni licencia de parcelación ni licencia de edificación». Resalta el arquitecto autor del proyecto que ahora, la normativa facilita que los cambios «sean legales con este procedimiento».

Quienes compraron hace más de dos décadas, en algún caso, parcelas en Arropez y construyeron sus casas de campo ven así abierta una primera puerta hacia la regularización de sus propiedades. «Compré hace 22 años. No ha habido derribos allí que yo sepa. No conozco ningún caso. Compramos tres hermanos y empezamos a construir en aquella época. No había problema, pero pedimos los permisos y licencia de obra y nos lo denegaron», cuenta Manuel Fernández, que se instala con su familia en el entorno del cerro cuando llega el buen tiempo.

El arquitecto, Juan Antonio Álvarez, aclara que no se trata de «un procedimiento de urbanización sino de legalización de lo que existe». «La nueva Ley del Suelo, Lotus, es la que permite estas legalizaciones de asentamientos rústicos irregulares», adelanta.

La tramitación comienza con dos pasos. El primero es la presentación de la propuesta de modificación del PGM. El siguiente se dará en otra ventanilla, la de la Junta de Extremadura. Es una alegación relativa al proyecto de decreto para revisar las ZEPA y que supone reducir en unas 3.000 hectáreas las zonas protegidas de la región. Una de las modificaciones afecta a Arropez, que está en la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. No obstante, puntualiza Álvarez, «en la documentación que se ha hecho pública solo se desclasifica el cerro donde va el Buda, la gravera y coge la autovía para unirlo a Valdesalor. Se salta todas estas edificaciones. Lo lógico es unificar».

La alegación que se presente irá en esa dirección, para que las viviendas queden fuera de la zona protegida. «Lo lógico sería desclasificarlo todo», añade. Si no ocurre así, también hay otra alternativa, afirma. «Se puede pasar a un uso general. Es mucho más permisivo y permite desarrollos urbanos».

Lo que se aborda, en definitiva, es rebajar el nivel de protección existente en la actualidad. Ello allanaría el camino para legalizar las casas de campo. «Hay un plazo de alegaciones y vamos a presentar una alegación al decreto de desclasificación de las ZEPA para que se incluya o bien nos cambien el uso al nivel más bajo -argumenta-. El plan de uso y gestión de la ZEPA ya recoge que se desclasifiquen y permitan usos. En el último nivel sería viable, pero si se quiere hacer de forma homogénea con el cerro y la gravera y Valdesalor, perfecto», concluye. Se aborda el caso con el texto previo presentado ante el Consistorio, aunque la modificación del PGM requerirá el documento ambiental de la Junta de Extremadura.