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Todo Gobierno que se ha visto abocado a funcionar con un presupuesto prorrogado ha reconocido que esa situación dicta mucho de ser la ideal. El ... Ayuntamiento de Cáceres no es la excepción. Aunque el pasado 14 de febrero inició el proceso participativo para configurar las cuentas de 2022, los tiempos administrativos se alargan. Además, el Ejecutivo que preside Luis Salaya no puede arriesgarse a convocar los consejos de los organismos rectores o el pleno sin la seguridad de saber que tiene los apoyos necesarios. Y hoy, esos apoyos siguen en el aire.
De momento, la ciudad continúa sin presupuesto y no se espera que lo tenga al menos hasta que el verano se acerque, lo que deja a velocidad de paseo inversiones y otros proyectos en marcha. Cáceres funciona con el presupuesto prorrogado del año pasado. Eso conlleva disponer de 10 millones menos de entrada.
Son exactamente 10,4 millones de euros los que no han podido prorrogarse. Y no porque no hayan querido el alcalde, Luis Salaya, o su concejala de Economía, María Ángeles Costa, sino sencillamente, porque prorrogar unas cuentas públicas no significa que se pueda coger el último presupuesto que se aprobó y copiar uno por uno cada epígrafe de ingresos o gastos. De ser así, Cáceres tendría ahora casi 80 millones de euros disponibles. 78,9 millones fue la cifra que salió del presupuesto de 2021. No obstante, priman las limitaciones legales.
Se detalla en la resolución de Alcaldía en la que se reseña que «se hace necesario prorrogar el presupuesto de 2021». Ello es así «hasta el límite de sus créditos iniciales como máximo», pero según el contenido de la normativa en vigor, en concreto, el artículo 21.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Implica que no se pueden prorrogar en las cuentas que están funcionado ya una serie de créditos que afectan a cuatro capítulos de gastos de la estructura presupuestaria: el 2, de gastos corrientes en bienes y servicios; el capítulo 4, de transferencias corrientes; el capítulo seis, de inversiones reales; y el siete, transferencias de capital.
Tal y como se recoge en la resolución, de acuerdo con la citada normativa, «en ningún caso tendrán singularmente la consideración de prorrogables las modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior». Se añade que no se pueden prorrogar los gastos que «estén financiados con crédito u otros ingresos específicos afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio».
La cifra de créditos no prorrogables se eleva a 10.405.501 euros. Hay unas 40 partidas con sus correspondientes aplicaciones afectadas. Destacan, entre otras, las inversiones en reposición de infraestructuras que figuran en los presupuestos participativos con 1,9 millones. También, las actuaciones en el cementerio, con un millón; la instalación de contadores individuales en viviendas en Aldea Moret, con 520.000 euros y que curiosamente era una petición de Unidas Podemos; 1,18 millones en instalaciones deportivas, y el pabellón ferial de Ifeca, medio millón.
Llaman la atención iniciativas relacionadas con los fondos DUSI como el centro de comunicaciones de la Policía Local, con 230.424 euros; el nuevo local de Aldea Moret, con 115.000 euros; o los 194.510 euros para el plan director Smartcity. Frente a los 78,9 millones de 2021, la resolución de la prorroga para 2022 fija el 'nuevo' presupuesto en 68,4 millones de euros, sin esos más de 10,4 millones.
Otras aplicaciones presupuestarias tienen que ver con los ingresos. Los ajustes aluden al fondo de desarrollo regional del DUSI; la venta de suelo (había previsiones de ingresar más de 292.000 euros en 2021) y el préstamo bancario de algo más de ocho millones. Los ingresos suman 68,9.
La mecánica para que las partidas afectadas puedan estar disponibles obliga a apurar la carga burocrática y la necesidad de recurrir a suplementos de crédito para seguir funcionando.
En el borrador presentado para 2022 se llega a los 75 millones de euros, con tres millones más de ingresos por IBI y rodaje. Ese anteproyecto es el que tendrá que apoyar UP para que pueda ser aprobado. De lo contrario el actual ejercicio seguirá operativo con la prórroga del anterior.
Sería la segunda vez que ocurre durante un año completo desde que los socialistas llegaron al Ayuntamiento en junio de 2019. Entonces se encontraron unas cuentas prorrogadas, que se alargaron hasta bien entrado 2020.
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