La protección ambiental deja pendientes inversiones millonarias para Cáceres

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) no ve viable una iniciativa en la que hasta la propia Junta de Extremadura planteó buscar emplazamientos más alejados del complejo Los Arenales donde se cuenta con una «destacada comunidad ornítica ligada a humedales».

La suerte estaba echada desde el mismo momento en que hasta la administración que lideraba la intervención tenía dudas sobre ella. La declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental es solo un ejemplo más de los contratiempos ligados a la necesidad de proteger la naturaleza con que se encuentran las inversiones que llegan a Cáceres.

Los ejemplos se suceden y son varios: la mima de litio en Valdeflores, el complejo budista en Arropez o la unión de autovías, al sur de la capital, son solo algunos referentes.

Se trata de bloqueos administrativos que, como en el caso del litio, ya están en la vía judicial, y que pueden prolongarse así durante meses o años. De hecho, hasta los cambios introducidos por la empresa al optar por un modelo de extracción subterránea en lugar de a cielo abierto han originado otro debate, adicional, sobre si afecta o no al Plan General Municipal (PGM) de Cáceres. La mina se perfila en un área que cuenta con distintos grados de protección en el PGM. El propio Ayuntamiento defiende la declaración de la Sierra de la Mosca como paisaje protegido. Ha recordado que está prohibida la extracción minera en la Montaña.

Un estudio de la Universidad de Extremadura elaborado por Julián Mora Aliseda, sin embargo, alude a más de 500 edificios de carácter residencial, sin incluir los de uso agrícola o públicos.

El proyecto minero, según sus promotores, conlleva 600 millones de euros de inversión y 700 empleos directos.

Lo ocurrido con el aeródromo lo ha resumido en una entrada publicada en redes sociales este experto en ordenación del territorio. Aludía Mora Aliseda a la contradicción que supone no ser capaces de encontrar un espacio en el término municipal más grande de Europa para construir un aeródromo. Llegó a comparar Cáceres con el Serengueti.

Por contra, algunos integrantes de colectivos ambientalistas resaltan que no se debería poner tanto el foco en las trabas ambientales que plantea el Miteco como en el hecho de que estaba en juego la propia seguridad, por el riesgo de impacto de aves ya aeronaves. Lo que se ha hecho, sostienen, es resolver que el aeródromo no puede ir en Los Arenales, pero sí en otro sitio que cumpla las condiciones.

Contaba este proyecto con 3,5 millones en previsiones para el presupuesto regional de 2023 y 4,95 millones más en 2024.

Desde determinados grupos de opinión se ha repetido otra vez la idea de que la especie más amenazada no es ningún ave, anfibio o reptil de los miles que se mueven por Cáceres. La principal amenaza es para el ser humano.

Lo ha apuntado Diego Hernández, presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos (CEADE). «El sapo corredor tiene más derechos que el hombre», denunció tras conocerse la DIA del aeródromo.

Pero no es solo el aeródromo. O la mina de litio, pendiente de lo que diga un juez de lo Contencioso-Administrativo.

En febrero de 2018, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitó Cáceres y fue recibido en el Ayuntamiento. Anunció que el proyecto para unir las autovías estaba a punto, con la DIA a la espera. Cuatro años después no solo no se ha puesto ni un gramo de betún en el pavimento para unir la A-58 y la A-66 al sur de Cáceres sino que ni siquiera hay declaración ambiental. Transición Ecológica ha pedido «estudios ambientales adicionales» para valorar si afecta a la ZEPA de los Llanos. Se habían llegado a presupuestar 71 millones para esa variante. No obstante, los grupos ecologistas ya apuntaron que la opción elegida era «una de las peores».

A vueltas con la protección de la naturaleza, en Los Llanos las macroplantas fotovoltaicas tienen un problema, pese a la voluntad del Ayuntamiento de agilizar trámites al cambiar el PGM para facilitar inversiones que como la de Iberdrola con Los Arenales ha superado los 98 millones. El pasado diciembre una sentencia del TSJ consideraba que no existe interés general y anuló la modificación. Las nuevas inversiones en la ZEPA de los Llanos tienen ahora la vista puesta en el Tribunal Supremo, que va a revisar el recurso presentado.

«Debemos ser amigables con quien invierte o quedamos para contar pájaros», señaló nada más llegar a su cargo de concejal de Urbanismo José Ramón Bello, en 2019. Se encontró en su departamento con un serio inconveniente. La obra de la rehabilitación de la muralla estuvo parada durante meses por su impacto en la colonia de vencejos.

Bello ha criticado en el caso del aeródromo que se comprase un terreno que no cumplía las condiciones. Ha puesto el ejemplo del complejo Budista. En Arropez se encargó un estudio al ingeniero Santiago Hernández. Sin embargo, es zona ZEPA y eliminar un área de protección natural no es tan fácil ni rápido. «No es cuestión de meses sino de años», ha relatado Antonino Antequera, experto urbanista que ha redactado más de una treintena de planes. «Es difícil» que la Junta pueda garantizar a nadie que un cambio se va a aprobar, recordaban desde Seo/BirdLife.

En marzo, directores autonómicos de Urbanismo advirtieron en una manifiesto de la existencia de zonas protegidas «muy extensas que abarcan términos municipales completos». Si se aplica de forma estricta a los mismos el régimen del suelo rústico se limita «de forma grave» el desarrollo socioeconómico, concluyeron. En Cáceres el debate sobre cómo compatibilizar la defensa medioambiental y las inversiones está más presente que nunca tras el último episodio del aeródromo.