El protocolo de absentismo se activará si las niñas del Alba Plata faltan a clase dos semanas

Ángela Egido, directora del colegio Alba Plata de Cáceres, salió ayer a las nueve de la mañana a las puertas del centro, a la hora en la que los alumnos acceden de manera escalonada a su interior. Ella era la encargada de recibir a las dos hermanas que, desde el inicio del curso el viernes de la semana pasada, habían asistido a clase sin mascarilla por deseo de su madre y de la pareja de esta, sin ninguna motivación médica.

Pero el reloj avanzaba y las dos niñas, de quinto y tercero de Primaria, no llegaban. Así que la directora retornó al interior del centro educativo. Mientras, desde una esquina del edificio, una pareja de la Policía Nacional realizaba labores de vigilancia preventiva por si surgía algún tipo de incidente. No hubo.

Ayer fue el primer día que las dos alumnas no acudieron al colegio. Esta fue la decisión de la familia después del ultimátum lanzado el miércoles por la Junta de Extremadura: sin mascarilla las niñas no podrían asistir a clase. La duda, hasta ayer por la mañana, era si los padres (la madre biológica, de origen polaco, y su pareja, de Cáceres) accederían finalmente y permitirían ir a las niñas con mascarilla –una norma obligatoria para todos los menores a partir de los seis años– o si se mantendrían firmes en su postura. Y optaron por esta segunda vía.

El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, explicó el miércoles que la alternativa era que las niñas recibieran «atención educativa» en su domicilio. Ayer fue más allá y aclaró que la Junta aplicará el protocolo de absentismo escolar si la falta a clase es continuada y se prolonga durante dos semanas. «Desde el día de hoy –por ayer– se activa el plan de seguimiento educativo, que se vertebra en dos actuaciones muy concretas porque la educación primaria es obligatoria», recordó el secretario general.

La primera actuación consiste en hacer constar todas las faltas que se produzcan y, si no están justificadas, poner en marcha la comisión de absentismo. Y, de manera paralela, «intentar que las niñas no se descuelguen totalmente del sistema educativo», apuntó. «Van a recibir –prosiguió– una atención puntual del tutor o tutora del curso, que va a indicar a las familias los contenidos que se están explicando y va a llevar un control, siempre que la familia colabore para transmitirnos la información», dijo.

El secretario general de Educación indicó que la ausencia de ayer de las niñas en el colegio ya contaría como falta para activar el protocolo de absentismo, a menos que la familia la justifique. Este protocolo, expuso, se activa a través del servicio de inspección y se aplica por fases. «Primero se contacta con la familia. Si no hay respuesta, se da parte a los servicios sociales... y así hasta terminar con un expediente que vuelva a darle el derecho a la educación a las niñas», concluyó el secretario de Educación.

El último eslabón de este protocolo es llegar a la Fiscalía de Menores si el asunto no se soluciona durante las etapas previas. De forma paralela a la activación de la comisión de absentismo, la Junta de Extremadura, a través de la abogacía general, ha puesto el caso en manos de la Fiscalía para que «arroje luz» ante un caso de esta complejidad, según dijo el miércoles el consejero de Sanidad, José María Vergeles, al entrar en conflicto dos derechos fundamentales: el derecho a la educación y el derecho a la salud y, por extensión, a la vida.

Marta Abellán, fiscal jefe en Cáceres, confirmó ayer durante la presentación de la memoria de la Fiscalía Provincial que el expediente gubernativo del caso ha llegado a la Fiscalía Superior de Extremadura pero que, al no ser este el órgano competente para asumir la investigación, se va a remitir a la Fiscalía Provincial de Cáceres. Están a la espera.

Abellán estuvo acompañada en el acto por la teniente fiscal y fiscal de menores, Yolanda Forte, que será la encargada de investigar el tema. De momento, se ha mostrado prudente y ha avanzado que habrá que estudiar múltiples circunstancias. Eso sí, destacó la importancia de garantizar el derecho a la educación de las menores. «Es fundamental. Si cercenas el derecho a la educación estás privando a esa persona de su vida futura, de sus acciones, de su opción a formarse, a desarrollarse...», expuso.

«En varios casos en los que se puede constatar una intencionalidad o una dejación intencional de los deberes parentales de los progenitores o tutores, se ha llegado a formular denuncia por abandono de familia. Es un delito que se recoge en el Código Penal», apostilló la fiscal de menores.

Lo ocurrido en el colegio Alba Plata ha trascendido el ámbito regional y ha tenido una gran repercusión en medios nacionales. Entre las reacciones a la negativa de los padres a que las niñas lleven mascarilla ayer destacó la del alcalde, Luis Salaya, que no se había querido pronunciar sobre el tema durante los días previos. «El negacionismo es una lacra, pero utilizar a las niñas como arma para defenderlo, por encima de su bienestar, es una crueldad. Pobres», escribió en Twitter.

• Temas
• Cáceres
• Coronavirus
• Educación