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Vía libre para el Ayuntamiento de Cáceres en la licitación de uno de sus proyectos estratégicos, la reforma de Virgen de la Montaña. El pasado 17 de octubre, la Asociación Ciudadana Cáceres Verde presentó en el registro municipal un escrito de alegaciones contra la ... contratación del servicio de redacción de ese proyecto, la dirección de obras y la coordinación de seguridad para la remodelación de la vía. La intervención requiere de una inversión de más de dos millones de euros, 2.184.750 euros exactamente, pero por ahora solo se ha encargado la redacción de las condiciones del proyecto con una partida inicial de 130.000 euros.
Cáceres Verde cree que está en peligro el bulevar central, un elemento histórico que requiere protección y que bajo su punto de vista no se toma en cuenta en los pliegos. El Ayuntamiento dio traslado del expediente a la Comisión Jurídica de Extremadura y este órgano, en una resolución del pasado 31 de octubre, acuerda no admitir el recurso. El Consistorio ya había decidido seguir adelante con el concurso público, al que las empresas interesadas podían presentar ofertas hasta el pasado lunes día 4.
La Comisión Jurídica es un órgano de consulta que actúa como tribunal administrativo en materia de contratación pública. En su resolución precisa que, aunque Cáceres Verde aludía a un documento de alegaciones contra los pliegos y solicitaba su revisión y modificación, en esencia se trataba de un recurso ya que tenían su propia naturaleza. Cáceres Verde mostraba su desacuerdo con el concurso público abierto y plantea cambios para garantizar «la protección y conservación adecuada del bulevar de la Virgen de la Montaña, en consonancia con su valor patrimonial y las expectativas de la ciudadanía de Cáceres», reseña el Pleno de la Comisión Jurídica.
No obstante, añade que Cáceres Verde «carecería de legitimación activa para la interposición del presente recurso especial en materia de contratación». Menciona el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en el que se alude a la posibilidad de recurrir por parte de personas físicas o jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos «se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados».
El colectivo medioambiental, muy activo en defensa del patrimonio natural de Cáceres y que ya ha alzado la voz, por ejemplo, en casos como la eliminación de arboleda en el Parque del Príncipe con la ampliación del parking, pedía conservar la estructura original del bulevar, así como un estudio de impacto patrimonial. También, incluir en el pliego referencias explícitas al paisaje histórico y un mecanismo de participación pública.
La conclusión de la Comisión Jurídica sobre todo ello es contundente: «La cuestión que se suscita es ajena al ámbito contractual y por tanto no puede ser susceptible de dirimirse en esta vía». «Estimamos que en el presente caso no concurre la necesaria legitimación, pues el interés del recurrente se reduce a un mero interés por la legalidad, sin que corresponda a este órgano pronunciarse», sugiere, sobre las cuestiones alegadas.
Los aspectos que aborda Cáceres Verde, insiste, «no atañen al ámbito que trata de depurar este recurso especial».
«La falta de legitimación activa de la asociación recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.b de la LCSP, es causa de inadmisión». La decisión de la Comisión Jurídica se adopta por unanimidad.
Para Cáceres Verde ha supuesto un revés, ya que considera que el proyecto de reforma de la Montaña está todavía en un punto en el que la participación ciudadana puede contribuir a mejorarlo y sobre todo salvaría el céntrico bulevar. Los responsables de la asociación se lo han planteado al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo.
Esta resolución es firme en vía administrativa, aunque Cáceres Verde tiene un plazo de dos meses para llevar el asunto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Ello supondría asumir un importante coste para el colectivo, tanto en tiempo como en dinero para la defensa jurídica.
Además del Ayuntamiento, la asociación había hecho una llamada para rechazar el proyecto tal y como está concebido ahora a la Consejería de Cultura, a los colegios profesionales concernidos, a la Universidad de Extremadura y la propia ciudadanía cacereña.
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