La recuperación de la Ribera del Marco abre la lista de deberes pendientes del Gobierno en Cáceres

Manuel M. Núñez

Cáceres

Domingo, 30 de junio 2019, 09:17

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Que el propio Luis Salaya se haya reservado como alcalde las competencias de Medio Ambiente deja clara la prioridad del Gobierno entrante. En sus primeras declaraciones ya apuntó que la Ribera del Marco ocupará un lugar destacado entre los retos que encara el Ejecutivo local socialista. «Es nuestro sueño», resume Salaya, aunque reconoce que «avanzará despacio», sobre todo, por su alto coste.

La integración urbana y recuperación de la Ribera del Marco encabeza la lista de deberes pendientes con la que el Ayuntamiento afronta el cuatrienio 2019-2023. El PSOE no entiende que el PP haya pasado de largo por un enclave decisivo. La Ribera es un referente, pero al Ejecutivo que se estrenó el pasado 15 de junio se le acumulan otros proyectos sobre la mesa. Hay muchos que son responsabilidad directa suyos, aunque otros tantos no. Salaya tendrá que tener línea abierta de forma permanente con otras administraciones públicas para obtener recursos. La misma Ribera es el mejor ejemplo. Su rehabilitación requiere dinero de la administración central. En su día el promotor de la intervención era la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Se aprobó la declaración de impacto ambiental y se abordó en una primera fase una inversión de seis millones de euros. El Consistorio, en el primer mandato de Elena Nevado, cifró en 1,5 millones lo que le costaría esa actuación entre Puente Vadillo y Puente Nuevo. Se proyectaron la reordenación de espacios, un nuevo colector y carriles bici. Nunca más se supo. De hecho, desde 2014 no ha vuelto a parecer en los presupuestos generales del Estado.

«Se ha perdido una gran oportunidad de corregir desigualdades y acometer la recuperación de la Ribera». Lo dijo el actual alcalde en 2016 tras conocerse el destino de los 12,5 millones de los fondos del DUSI. Al PSOE no le gustó ni la planificación que hizo el PP ni la ausencia de un auténtico proceso de participación pública. No le gustaban la ampliación del Parque del Príncipe o las escaleras mecánicas de Alzapiernas. Esos dos proyectos están por terminar, pero los socialistas ya han adelantado que no piensan parar las obras. Sería peor, defienden, ese remedio que concluir las propias actuaciones y tratar de introducir en ellas las remodelaciones más convenientes, si es que aún se puede.

Luis Salaya ha repetido que no ha venido a destruir lo que han hecho sus antecesores. Lo que ya está en marcha, continuará para finalizarse. No es el caso del punto limpio del Junquillo, que, ese sí, se trasladará, tal y como habían pedido los vecinos. El Gobierno local también tendrá que dar respuesta a la conexión peatonal de La Cañada. El barrio sigue sin una línea directa con la ciudad que cumpla las expectativas de sus residentes. El anterior Ejecutivo afirmó tener el compromiso de Adif para poner en marcha un vial que iría desde la barriada a la glorieta del ferial. El desmentido del administrador ferroviario no se hizo esperar y el PSOE acusó al PP de engañar a los cacereños. El compromiso actual es que antes de 2023 esa conexión a pie entre La Cañada y el resto de la ciudad se lleve adelante. No se sabe aún si se realizará con fondos propios o con la intervención de otras administraciones, en este caso la estatal.

La negociación a dos o más bandas parece ineludible en numerosas iniciativas que están a medias o ni siquiera han arrancado todavía. La nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) ya pasó el trámite de su exposición pública con consulta a organismos interesados. El coste se cifra en unos 50 millones de euros, pero del inicio de la obra poco se sabe. La competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.

Es la misma ventanilla en la que se dirime uno de esos proyectos que duerme desde hace nada menos que seis años el sueño de los justos. El trasvase de Portaje se adjudicó por 40 millones, luego se añadieron nueve más para que las tuberías pudiesen salvar los ríos (algo que aún no se ha conseguido) y posteriormente otros 10,2 millones para un proyecto complementario que no se llegó a realizar.

La obra está parada. Ni se sabe cómo retomarla ni hay demasiada voluntad en hacerlo, aunque en el borrador de presupuestos de 2019 se incluyeron 8,7 millones. Hay opiniones técnicas que recomiendan buscar alternativa a la misma. En el momento en el que el trasvase desde Portaje a Cáceres sea efectivo el recibo se disparará para los cacereños, ya que el coste de las obras hidráulicas deben sufragarlo los propios usuarios de las mismas.

El PSOE quiere garantizar el abastecimiento pero por otra vía. Para ello se ha puesto en manos de técnicos de la Universidad de Extremadura que plantean otras soluciones.

También de otras administraciones depende la reforma del museo provincial. Las previsiones han sido de todo tipo, más aún si se tiene en consideración que esas obras comenzaron a perfilarse cuando gobernaba el PSOE en Madrid, pero no con Pedro Sánchez como presidente, sino con Felipe González.

Lo mismo ocurre con la esperada línea de alta velocidad que conectaría la ciudad con Madrid y otras capitales extremeñas. El adicional a ese proyecto es el de la nueva estación de tren, cuyas obras están en contratación y listas para arrancar. También parece definirse la reconversión de la carretera EX-100 Cáceres-Badajoz en autovía.

Algunas de esas actuaciones han sido objeto de debate y negociación durante la primera quincena de junio ante posibles pactos de Gobierno. Constituyen un paquete de grandes infraestructuras sobre las que los socialistas cacereños se comprometían con Ciudadanos a ser especialmente reivindicativos.

También se incluye ahí la segunda fase del hospital universitario. En principio, su licitación será un hecho este mismo año. En el caso de la ronda sureste con una inversión de unos 20 millones sigue a la espera el tramo entre la Charca Musia y el ferial. El que conecta con la carretera de Trujillo y que aliviará el tráfico en toda la zona este de la ciudad deberá estar finalizado en 2020. Entre los asuntos pendientes que dependen de la Junta de Extremadura y que afectan a Cáceres aparece además el aeródromo, que ha requerido un estudio ambiental adicional tras una primera resolución negativa que obligaba a efectuar una declaración completa.

También sigue abierto el caso de la mina de litio, por mucho que tanto la Junta como el propio Ayuntamiento se muestren en contra del proyecto.

Además de grandes infraestructuras, al Gobierno de Salaya le tocará lidiar con contratos que quedan en el aire. Por importe destaca el de la basura y limpieza viaria. Son unos 100 millones en un periodo de 15 años que finaliza en junio de 2021. Salvo que se vaya a la prórroga, el Ayuntamiento deberá iniciar una nueva licitación sobre un concurso que se adjudicó en 2006 a Conyser por algo más de 6,5 millones anuales. Más de un año de retraso lleva ya la contratación de la nueva zona azul. PP y Cs pactaron un ampliación que salió a contratación pero que tumbó la Comisión Jurídica de Extremadura por un recurso. Los nuevos pliegos ya están listos y el alcalde quiere revisarlos.