No se sabe dónde están 1,5 millones que según fiscalía se quedó un exprocurador de Cáceres

«No ha habido manera de que diga dónde está el dinero –afirma un acusador particular–, quizás ha faltado algo de investigación sobre el paradero de tanto dinero. Solo ha dicho que lo ha empleado en gastos personales; pero no qué gastos son».

A.C.C. tiene alrededor de 55 años, y llevaba un alto nivel de vida, cambiando muy a menudo de moto, toda ellas con precios elevados. Ha estado ejerciendo desde hace bastante tiempo como procurador, más de 20 años, pero lleva dos años sin poder ejercer. Fue inhabilitado al poco de conocerse este escándalo.

Ayer fue su juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres, y el acusado solamente quiso responder a su abogado y al presidente del tribunal. No quiso atender a preguntas de la fiscal, ni de los 10 abogados y abogadas que representan a las acusación particular, que sin duda le iban a preguntar qué había hecho con el dinero.

Según la fiscal que lleva el caso, desde el año 2012 el procurador comenzó a quedarse para sí diversas cantidades de dinero que el juzgado o tribunal correspondiente le entregaba a fin de que, a su vez, fueran remitidas a sus mandantes, ocultando esas entregas de dinero a sus representados. Estuvo haciendo eso hasta el año 2019.

Según la Fiscalía, se quedó con un total de un millón y medio de euros, de los siguientes clientes:

De Liberbank se quedó con 698.891 euros de ocho ejecuciones hipotecarias. De Naturgy Iberia S.A. (antes Gas Natural Servicios SDG S.A.) se quedó con 276.449 euros, dinero que era de cantidades reclamadas a cuatro ayuntamientos de la provincia de Cáceres por deudas en los suministros de electricidad y gas natural. Del Ayuntamiento de Cañamero era 114.392 euros; del de Villamesías, 22.539 euros; del Ayuntamiento de Conquista de la Sierra, 36.206 euros; y del de Villamiel 103.310 euros.

Se quedó con 22.583 euros de tres hermanos que habían ganado un pleito de una herencia. De un matrimonio se apropió de 74.495 euros. A la comunidad de propietarios residencial 'Los Miradores' no les entregó 4.115 euros que había pagado un vecino moroso. También se quedó con 93.141 euros de una indemnización a una mujer que fue atropellada por un coche. A una cooperativa de Coria no le entregó 6.077 euros. A Construcciones Manuel Gallego tampoco le dio 17.712 euros. Se apropió de 32.887 euros de BBVA, y de 204.039 de Bankia. A Correos no le entregó 7.350 euros; ni 3.254 euros a Áridos Sevilla Nevado S.L.

A la Mancomunidad de Aguas Los Molinos no le dio 16.471 euros; ni al Ayuntamiento de Feria 2.931 euros; ni al de Guareña 20.066 euros. Hay más casos.

Fiscalía y la mayoría de las acusaciones piden que el exprocurador sea condenado a 8 años de cárcel y pagar 14.400 euros de multa, y que devuelva el dinero que se quedó. Se pide que responda de ese dinero también dos aseguradoras con las que tenía concertada póliza el Colegio de Procuradores, y el banco en el que hacía las gestiones el acusado. Tanto las aseguradoras como el banco niegan tener responsabilidad, y que por tanto tengan que pagar.

«Su vida profesional está destrozada, y ha estado viviendo de la caridad», afirmó ayer Emilio Cortés a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Cáceres, a los que pidió una sentencia benévola para su cliente.

El letrado indicó al tribunal que se pueden aplicar varias atenuantes, como la reparación del daño, ya que ofrece hasta su plan de pensiones para pagar parte de la deuda; también la atenuante de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento, y la atenuante de colaborar con la justicia. «Se ha dicho que ha colaborado con la justicia porque no tenía más remedio –indicó Cortés–; pero también podía colaborar menos de lo que él ha hecho, porque ha entregado documentos que no estaban en su despacho».

Recalcó que ha reconocido los hechos, apropiándose, según él, de 900.000 euros. Por todo ello pide que sea condenado a dos años de cárcel, ya que de esa manera se libraría de entrar en prisión, al no tener antecedentes penales.